De "desafortunada coincidencia" calificó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, la declaración ante la juez de la concejala de Participación y número 6 de la lista de Marea Atlántica como investigada (figura judicial que sustituye a la de imputada) por un presunto delito de prevaricación en la cesión de los usos de la antigua prisión a Proxecto Cárcere. Y es que la cita es mañana, a dos días de los comicios municipales. El regidor recordó que la fecha marcada inicialmente para este trámite era marzo y reprochó que el PP "utilizó todos los mecanismos procesales que pudo para evitarla y para intentar pegarla a las elecciones". Una situación que, lamentó, "finalmente conseguió".

Pese a que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 había aceptado posponer la fecha para el 4 de junio, la oposición del Partido Popular, que ejerce la acusación particular, y la Fiscalía han sido aceptadas y será mañana cuando la edil tenga que acudir a los tribunales.

Ferreiro insistió ayer en que el proceso de cesión del uso de la antigua cárcel provincial no hubo ninguna irregularidad y tachó de "maniobra política" la denuncia del PP. "Es el único que sostiene que hay algún tipo de elemento delictivo. Es difícil explicar cuál es el delito en este asunto", comentó el alcalde, que considera que lo único que buscan los populares es "desprestigiar a una persona y al Gobierno local".

"Si sacar un concurso público y ceder un espacio en ruinas, desocupado, a una entidad sin ánimo de lucro para que haga vida cultural es delito. En fin, que baje dios y lo vea", suspiró el alcalde, que, aún así, cree que es la "oportunidad" de Delso de defenderse y que se sobresea el caso pero, dijo, "será en pocos días o semanas, después de las elecciones".

Entre los grupos de la oposición, algunos en boca de sus candidatos a la Alcaldía, se reclamó el cumplimiento del código ético de Marea Atlántica. La popular Beatriz Mato PP tildó de "corrupción" el "uso y abuso de poder" y reprochó que hagan diferencias entre este delito con otros partidos. "La coherencia en un partido político es fundamental", reprochó. La socialista Inés Rey apuntó que el partido "respeta los procesos judiciales", pero coincide en pedir "coherencia" a la formación "con su código ético". El BNG, a través de su portavoz municipal y número 2, Avia Veira, solo apunta que lo que le resulta "más grave" es el "resultado final" de la acción del Gobierno local: "Tenemos la cárcel cerrada y sin actividad".

El código ético establece que un concejal renunciará si "el juez estima la existencia de indicios racionales de delito". Es decir, después de la declaración, cuando la juez decida si seguir o no con el procedimiento será cuando se constate el cumplimiento de este reglamento interno, si el procedimiento judicial continúa.