El juicio contra los cuatro acusados de agredir a un matrimonio para cobrar una deuda de un millón de euros fue suspendido ayer por la renuncia de uno de los acusados a su abogado. Uno de los sospechosos, que estaba en prisión preventiva, fue puesto en libertad, ya que cumpliría los dos años dentro de dos semanas, según explicó el letrado de las víctimas, Diego Reboredo. La Fiscalía pide entre once y trece años para los acusados.
