El Tribunal de Cuentas finalizará en las próximas semanas la fase previa a la apertura del juicio al presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y el director de Infraestructuras, Fernando Noya, como posibles responsables de pagos irregulares a una empresa por dirigir las obras de punta Langosteira entre 2008 y 2011. El órgano estatal les vincula con un contrato firmado en 2007, cuando era presidente Macario Fernández Alonso, y les acusa de seguir pagando el servicio entre 2009 y 2011.

Desde el Tribunal de Cuentas desconocen si la fecha de la primera de las vistas quedará fijada antes de agosto, mes inhábil para el organismo, o ya se convocará en septiembre, pero lo que sí afirman es que el propio procedimiento, de primera instancia, se alargará durante varios meses y la sentencia resultante puede ser recurrida hasta en otras dos, primero ante Cuentas y después ante la Justicia ordinaria, por parte de los demandados.

Tercera fase. Cuentas mantiene abierta la parte del proceso en la que envía, explican, a las partes y al Boletín Oficial del Estado el edicto en el que se comunican estas diligencias previas y para que sea público que se inicia el procedimiento de juicio. Cuando acabe, convocará la primera de las vistas y se sucederán durante varios meses. A diferencia de otros tipos de juicios, en estas citas se pueden presentar, por ejemplo, recursos a la petición de documentos y hay unos plazos para la resolución de los mismos. Una vez finalizadas las vistas, el tribunal emite una primera sentencia.

Recursos. Este fallo puede ser recurrido por las partes ante la Sala de Justicia del propio organismo contable. Este recurso de apelación, dentro ya de la segunda instancia, sería ya firme y la decisión dependería del presidente de la Sección de Enjuiciamiento y los dos consejeros del Departamento de Enjuiciamiento que no hayan participado en el juicio de primera instancia. Aún quedaría la opción, para demandantes y demandados, de presentar recurso, de casación, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo lo que finalizaría el procedimiento en los tribunales.

Ejecución de sentencia. Una vez tomada una decisión, arrancaría la ejecución de la sentencia, según explican fuentes del Tribunal de Cuentas. Si se condena a los responsables portuarios a abonar los 213.000 euros reclamados, este organismo les ofrecerá un plazo para el ingreso de la cuantía aunque ya contará en ese momento con unas garantías aportadas o bienes embargados de ambos.

Fase previa. Para llegar hasta las primeras vistas, el procedimiento se inició con las diligencias preliminares, cuando el tribunal comenzó a investigar los contratos y la gestión económica de los trabajos en la dársena de Langosteira en mayo de 2017 y, desde enero de 2018, las analiza también una instructora. En estas actuaciones previas se han reunido pruebas para evaluar el importe de posibles daños y la identidad de los responsables. Este paso se realizó porque los hechos investigados tenían la consideración de "alcance", y podrían ser constitutivos de "malversación de caudales o efectos públicos".

Reacción. El presidente del Puerto, Enrique Losada, defendió la pasada semana su actuación al frente de la administración. Según él, es "terriblemente injusto" aunque niega que esté preocupado por el procedimiento. "Me parece terriblemente injusto que a alguien que pasaba por allí se le atribuya esto", explicó, añadiendo que es un "tema de perogrullo". Losada recordó que el contrato se firmó dos años antes de que accediese al cargo y apostilló que haber rescindido el contrato hubiera provocado que la compañía, Supervisión Langosteira, hubiese pedido una reclamación económica. El expresidente de la Autoridad Portuaria Macario Fernández-Alonso quedó al margen de la investigación de Cuentas por haber prescrito su posible responsabilidad. "Es triste que se pueda proceder a una actuación así", lamentó Losada.