La ampliación del puente de A Pasaxe se mantiene estancada en el trámite de declaración de impacto ambiental que impulsa el Ministerio de Fomento. Con la petición de más de medio centenar de informes a distintas administraciones y entidades, el proceso aún "continúa en tramitación", explican fuentes del departamento dirige José Luis Ábalos, desde donde también apuntan que sus técnicos están ya redactando el proyecto constructivo y el de trazado para poder avanzar en el proyecto que remodelará el enlace entre los municipios de Oleiros, Culleredo y A Coruña por carretera.
La elaboración del informe de impacto ambiental se preveía complicado cuando se inició el proceso en agosto de 2018. Tras once meses, aún no se conoce cuántas de las instituciones consultadas han respondido a la petición del ministerio y ya se abrió el procedimiento sin que estuviera marcada una fecha de finalización, que sigue sin estar establecida. Entre las partes afectadas se encuentran los Ayuntamientos de A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo, varios departamentos de la Xunta „relacionados con Medio Ambiente, Saúde Pública, Patrimonio natural o Mobilidade„ y varias direcciones del Gobierno central, del Ministerio de Transición Ecológica, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) o la delegación o subdelegación del ejecutivo en la comunidad gallega así como entidades científicas expertas en vida marina y costa o entidades ecologistas.
Mientras, solo se conocen las líneas maestras de la obra de ampliación, que incluye el derribo del edificio de Copigal, en Perillo, un túnel en la rotonda de Santa Cristina y un viaducto que provocará que en el enlace haya cuatro niveles de tráfico diferenciados en altura. La obra permitirá que haya cuatro carriles por cada sentido y afectará sobre todo a la parte del municipio de Oleiros, donde se realizarán la mayor parte de los trabajos.
Aún no se conoce, con respecto a la demolición del edificio junto a la ría, el coste de este proyecto ni qué indemnización ofrecerá Fomento a los cinco propietarios que tiene tanto oficinas como garajes del inmueble. Además, el Gobierno central también abonará el lucro cesante, por la pérdida de los negocios allí instalados en la actualidad. El resto de las obras afectarán a infraestructuras públicas que, por tanto, tendrán consecuencias en la circulación tanto en coche como peatonal para los ciudadanos pero no de manera particular a ningún vecino de la zona. Con la ampliación, Fomento incluirá no solo más espacio para los vehículos sino que se instalarán nuevos itinerarios peatonales y ciclistas, que discurrirán por los laterales del nuevo puente.
Pese a lo engorroso de tener que esperar la contestación de decenas de departamentos públicos, el ministerio asegura que el proyecto no tendrá impacto en la zona. Los redactores del informen exponen que no habrá afección a ningún bien patrimonial, ni a los bancos de marisco ni aves de la ría de O Burgo que baña la zona. Los técnicos sí que reconocen que se supera el nivel de ruido en algún tramo de lo que será el nuevo puente.
La alcaldesa, Inés Rey, se reunió la semana pasada con el delegado del Gobierno, Javier Losada, y ambos mostraron su intención de impulsar el proyecto aunque no ofrecieron plazos concretos.
