18 de julio de 2019
18.07.2019

Ochenta dueños del edificio Fenosa exigen responsabilidad patrimonial al Concello

Los propietarios presentaron sus demandas de indemnizaciones por la licencia ilegal durante el litigio || El Concello les ofrece hasta 12.000 euros si renuncian a denunciar ante los juzgados

17.07.2019 | 21:15
Edificio Fenosa, en la calle Fernando Macías.

El litigio de más de dos décadas del edificio Fenosa finalizó en febrero de este año con el visto bueno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al acuerdo intrajudicial al que llegaron las partes: demandante, Concello y propietarios, pero quedan por resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por 80 propietarios del edificio ante el Concello. De forma paralela al acuerdo intrajudicial, el Concello ofreció a los dueños de viviendas y locales hasta 12.000 euros por daños y perjuicios si renunciaban a denunciarle en los tribunales. Al nuevo Gobierno local le queda resolver las reclamaciones de los propietarios por una licencia ilegal concedida por el Gobierno local en 1997, cuando gobernaba el PSOE

El Concello tiene pendiente de tramitar las 80 reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por propietarios del edificio Fenosa. Durante el proceso desde que se denunciara la ilegalidad de la licencia concedida por el Gobierno local socialista del exalcalde Francisco Vázquez, estos afectados pidieron a la administración local una compensación por responsabilidad patrimonial. De forma paralela a la mediación intrajudicial en febrero, el Concello ofreció a los dueños de pisos o locales en el inmueble una indemnización de hasta 12.000 euros para cada uno que descartase recurrir a la vía judicial.

Estos 80 propietarios, más otra decena que posee propiedades en el inmueble de la calle Fernando Macías, podrán recibir la citada cuantía si la vivienda es su domicilio habitual y 9.000 euros, si no lo es y está alquilada o desocupada, en concepto de daños y perjuicios. Este acuerdo entre Concello y vecinos sería a adscripción voluntaria y supondría, de manera global, un coste de alrededor de un millón de euros para las arcas municipales en caso de que todos residan en el edificio y que de manera unánime se acojan a este pacto.

El acuerdo entre Ayuntamiento, demandante y comunidad de propietarios fue homologado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en febrero. Al Gobierno local le queda ahora asumir la tramitación de las reclamaciones. La primera parte consistirá en la entrega, por parte de los dueños de los pisos, de la documentación completa que certifique la propiedad y, tras las comprobaciones, se gestionará el abono de la cantidades económicas. El acuerdo intrajudicial incluyó solo la indemnización económica para el denunciante, por un importe de 2,97 millones de euros, que aportará la Administración municipal pero esta oferta de "compensación" a los propietarios se fijó al margen del acuerdo de mediación.

Los propietarios sí que obligaron a incluir en el texto un Protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas para que una situación similar no se vuelva a repetir en el municipio. Algunos de ellos denunciaron durante las más de dos décadas que duró el conflicto que compraron las viviendas sin conocer el riesgo que conllevaba la demanda, de forma que sufrieron una inseguridad jurídica que pretenden evitar a otros con estas medidas. Una de las acciones es que el Concello ofrezca información actualizada y permanente sobre la situación de las promociones que lleven a cabo las empresas y otra, que se inscriban en el Registro de la Propiedad las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que pesan sobre los inmuebles así como en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web municipal. El protocolo incorpora además medidas que pretenden mejorar los servicios públicos como la elaboración de un plan de inspección urbanística o el incremento de la calidad en la tramitación de los recursos administrativos.

El protocolo también incluye el ejercicio de la acción de regreso, de forma que los propietarios perjudicados por la acción de promotores en cualquier edificio de la ciudad puedan reclamar su condena, así como la de repetición, de forma que si los compradores perdieran sus propiedades, sean compensados por los autores de los hechos que les causó este perjuicio.

Fue en 1997 cuando se concedió por parte del Concello la licencia ilegal para reformar del edificio Fenosa. El litigio tras la denuncia de un particular se extendió durante dos décadas y finalizó con un acuerdo ratificado por el TSXG, que destacó que evitó el "coste público" que supondría el derribo del inmueble y su reconstrucción, estimado en 60 millones de euros.

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