El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña declaró ayer abierto el concurso de acreedores de la empresa Iniciativas y Desarrollo Inmobiliario y de Arquitectura, propietaria del edificio que ocupa los números 6 y 8 de la calle Príncipe -en el corazón de la Ciudad Vieja- que debe ser derribado de acuerdo con la orden dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el año pasado que está paralizada por la presentación de un recurso.

El procedimiento concursal se inició a instancias de Romareda Holdings, fondo que adquirió la deuda que la inmobiliaria mantenía con la Sareb -el llamado banco malo- mediante una operación en la que la garantía de cobro es el propio edificio, por lo que ahora trata de impedir su demolición. La apertura del concurso supone la intervención de las facultades de administración y disposición del patrimonio de la compañía, cuyo responsable se encuentra en paradero desconocido, quedarán en manos de un despacho de abogados de Ferrol designado por el juzgado.

Es a ese administrador concursal al que deberán dirigirse ahora los acreedores de la empresa en el plazo de un mes para comunicarle las deudas que mantiene con ellos, quienes para participar en este procedimiento deberán hacerlo asistidos por un abogado y un procurador.

El inmueble de la calle Príncipe es uno de los conflictos urbanísticos de mayor antigüedad en A Coruña, ya que se inició en 2001 con la aparición de restos de la muralla de la ciudad, lo que motivó la presentación de denuncias por parte de vecinos de los inmuebles colindantes. La sentencia del Superior que insta al derribo del edificio debía poner fin al litigio, pero Romareda Holdings intenta evitarlo para poder cobrar la deuda que compró. El concurso de acreedores es la primera medida que pretendía poner en marcha la empresa, que también quiere alcanzar un acuerdo con los vecinos denunciantes y con el Concello en el que se incluya la conservación del inmueble.

Otra de las iniciativas adoptadas por Romareda Holdings es la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la orden de demolición dictada por el Concello para cumplir la sentencia del Superior de Galicia, que incluye la imposición por la Xunta de una multa al promotor de las obras. El fundamento de ese recurso es que el derribo acabaría con la garantía de cobro que posee el fondo, que propone llegar a una solución "pacífica y consensuada" del conflicto con el Concello y los denunciantes.

Si finalmente consigue que no se ejecute la demolición, promovería la conclusión del edificio para poner a la venta las viviendas, lo que le permitiría recuperar el dinero invertido en la compra de la deuda. Romareda Holdings señala que ya cuenta con experiencias positivas en casos semejantes a la de la calle Príncipe, como el de un inmueble del municipio de O Porriño en el que el fondo también adquirió el préstamo solicitado por la inmobiliaria y en el que llegó a un acuerdo con los afectados gracias a la mediación efectuada por la administración concursal.