El aparcamiento privado que funciona frente al hospital Materno Infantil tendrá que detener su actividad después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) haya revocado la suspensión cautelar de la orden de cese inmediato de funcionamiento expedida por el Concello. El área municipal de Urbanismo se negó a prorrogar la licencia de las instalaciones y los propietarios afectados recurrieron a los tribunales. El auto del Superior fue emitido tras una apelación de Copasa, concesionaria del aparcamiento explotado por la Empresa Municipal de Vivenda (Emvsa), contra una decisión en sentido contrario en primera instancia.

El Concello rechazó, a finales del pasado año, prorrogar la licencia de actividad del parking, ubicado en el número 40 de A Pasaxe, que había sido concedida en noviembre de 2015, siete meses y medio después de que abriese el espacio para aparcar promovido por el Ayuntamiento, con tarifas más elevadas en una zona con carencia de lugares para estacionar. Tiene 38 plazas, 327 menos que el municipal. Cuando el Concello decidió ordenar el cese a finales de diciembre, y tras rechazarse un recurso administrativo de los propietarios del parking privado, estos acudieron a los tribunales. Declararon entonces que habían sido víctimas de la baja ocupación del aparcamiento de Copasa. La empresa explotadora de la instalación municipal, no solo presentó quejas contra su competidor, sino también contra el aparcamiento ilegal en la zona de As Xubias, llegando a amenazar a Emvsa, con rescindir el contrato.

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña decidió en enero conceder una suspensión cautelar de la orden de cese de funcionamiento al considerar que los propietarios del parking privado habían acreditado que "se le causarían perjuicios en caso de no concederse la medida" y que "es la única actividad realizada por los recurrentes que constituye por tanto su medio de vida". Ahora, el Tribunal Superior no está de acuerdo y revoca la suspensión cautelar al entender que lo que se vulnera con ella es la obligación de las administraciones públicas "de vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de licencias".