Alquiler de envases de oxígeno para Protección Civil, mensajería para el Instituto José Cornide o agua embotellada para la Concejalía de Cultura. Muchos y variados son los conceptos que el Concello abonó el año pasado a diversos suministradores con el reparo del interventor. El funcionario que debe vigilar la gestión económica municipal considera que hubo anomalías en gastos de 25 millones de euros durante todo 2018, pero el alcalde por aquel entonces, Xulio Ferreiro, levantó la advertencia y realizó los abonos. El listado incluye gastos entre 19,36 euros del servicio de mantenimiento del parque móvil en agosto del año pasado hasta los 3.715.779,8 de la subida salarial de los agentes de la Policía Local en septiembre.
Menos este último concepto, en el que existe un supuesto incumplimiento de una ley, el resto obtuvo la queja del funcionario por una sola razón: "omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales". En el caso del aumento de sueldo, el interventor considera que no se aplica la disposición adicional 41 de la ley de presupuestos de 2018. Esta establecía que los empleados públicos podían recuperar las retribuciones tras la minoración debida a la ley de estabilidad, pero, en este caso, el funcionario cree que este artículo no ampara el aumento, que estaba pactado desde 2009 entre Gobierno local y los agentes y que justo por la normativa impulsada por el Ministerio de Hacienda no se pudo aplicar.
Otra de las cantidades más grande, aunque fraccionada en once partes por once meses „diciembre se abona al año siguiente„ es la del contrato de recogida de residuos, prorrogado mientras se licitaba otro „aún sin adjudicar„ y que supuso más de nueve millones de euros en todo 2018. Dentro de este servicio básico también se pagaron facturas por 1,5 millones para el suministro, instalación, limpieza, conservación y reposición de contenedores y papeleras en otros once abonos de alrededor de 140.000 euros con reparo del interventor.
Entre las cantidades más pequeñas que aparecen en el listado está el suministro de fondos bibliográficos para la biblioteca de Estudos Locais por 19,95 euros o el arrendamiento de envases de oxígeno medicinal para Protección Civil en el mes de septiembre de 2018 por 36,30 euros. Otro curioso, pero más abultado, es el de los 28 trajes de gala de la Policía Local que supusieron un gasto de 17.956,40 euros.
Los centros cívicos y su mantenimiento absorben un centenar de estos gastos que por urgencia o por ausencia de contrato en vigor no pasaron el visto bueno del interventor. La prevención de seguridad e incendios, la vigilancia, la conserjería, reparaciones o comedor son algunas de las necesidades que se cubrieron con estas facturas en las distintas instalaciones municipales.
En el mandato anterior, el entonces alcalde, Xulio Ferreiro, presentaba un informe al pleno, anexo al del interventor con el listado de las facturas, en el que justificaba el levantamiento de los reparos. La ley establece que el presidente de la corporación, es decir, el regidor, "podrá presentar" este documento que avale su actuación. Fuentes del Gobierno local explican que aún no se ha decidido si la alcaldesa, Inés Rey, elaborará el texto para la próxima sesión plenaria ya que no realizó las actuaciones.
En los anteriores informes, Ferreiro defendía mantener "contratos nulos", caducados, por el "interés público" y que si no se abonaban las facturas a proveedores se incurriría en "enriquecimiento injusto" por parte del Concello. También constataba que los concejales confirmaban en todos los casos que los servicios se habían prestado.
