"La incertidumbre se ha materializado", afirma con contundencia sobre la capacidad financiera de la Autoridad Portuaria el informe de auditoría de sus cuentas en 2018 realizado por la Intervención Regional de Galicia por encargo de la Administración central, en la que figura la existencia de una deuda de 304 millones de euros por la construcción del puerto exterior. El documento recuerda que al analizar el protocolo que iban a suscribir en abril del año pasado el Puerto, Puertos del Estado, Ministerio de Fomento y la Xunta para que esta última comprase el 51% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, advirtió que si finalmente ese acuerdo no se concretaba en un convenio, "se introduciría un factor de incertidumbre" para el organismo portuario coruñés.
Ya hace un año, antes de que se planteara esa operación para conseguir recursos extraordinarios para el Puerto, la auditoría sobre su gestión económica también alertaba de la "incertidumbre" a la que se enfrentaba el organismo por los importantes desembolsos a los que debía hacer frente.
El cambio de gobierno que se produjo en Madrid, que llevó en junio de 2018 a los socialistas al palacio de La Moncloa, supuso que el plan impulsado por la Xunta quedase aparcado por el nuevo responsable de Fomento, como señala la auditoría. El bloqueo a esta iniciativa, que debía proporcionar al menos 20 millones de euros a la Autoridad Portuaria, así como la inexistencia de ingresos alternativos a la venta de esos dos muelles hacen que el informe estime que esa situación "afecta a la capacidad de financiación" del organismo, ya que se ha modificado "el calendario de ingresos previstos vinculado a la venta de activos inmobiliarios".
Ese programa establecía que el Puerto habría vendido Batería y Calvo Sotelo antes de que terminase 2021, mientras que la venta de San Diego, el plato fuerte de esta operación inmobiliaria, quedaría pospuesto hasta 2027 porque es en ese año cuando terminan la mayoría de las concesiones existentes ahora en ese muelle. La premura por obtener ingresos por los dos primeros muelles antes del fin de 2021 está justificada porque el último día de ese año vence el primer plazo de las amortizaciones que la Autoridad Portuaria debe abonar a Puertos del Estado por el préstamo de 200 millones de euros que le concedió en 2011 para financiar las obras de punta Langosteira. Esa operación financiera establece que el pago se hará en sesenta cuotas durante treinta años y, tras haberse renegociado el acuerdo en 2017, la primera será de dos millones, cuando inicialmente iba a ser de 3,3 millones.
Segundo préstamo
Pero no es la única obligación financiera contraída por el Puerto a causa de la construcción de la dársena exterior, ya que el Banco Europeo de Inversiones también le concedió un préstamo en 2006 para financiar las obras, del que ya ha abonado 18,9 millones y aún le quedan por pagar 104 más, de los cuales 3,4 deben ser entregados este mismo año.También esta operación fue sometida a una renegociación para hacer más asequibles las amortizaciones, ya que la prevista inicialmente para 2019 era de 6,5 millones.
La auditoria refleja la existencia de un beneficio del Puerto en 2018 de 2,2 millones antes de impuestos, una cantidad a todas luces insuficiente para que el organismo pueda cumplir los compromisos financieros adquiridos para la construcción de la dársena de punta Langosteira.
