La renta social municipal, la prestación para personas y familias vulnerables que el Ayuntamiento empezó a otorgar a finales de 2016, sirvió de ayuda durante el año pasado a 404 beneficiarios, entre ellos 117 menores entre las familias destinatarias. Los servicios sociales municipales mantuvieron activas 304 rentas de este tipo a lo largo de 2018, de las que 22, algo más del 7%, se extinguieron porque quienes las percibían encontraron un trabajo o mejoraron sus condiciones laborales.
El porcentaje, aunque es bajo, "es muy importante", matiza la directora de Bienestar Social, Igualdad y Participación. "Los perceptores de la renta social municipal están en los niveles más altos de vulnerabilidad, en riesgo de exclusión real por una situación de absoluta precariedad", destaca María Porto, quien sitúa en torno al 15% el porcentaje que la concejalía se plantea como reto inmediato respecto a la integración laboral de quienes reciben esta ayuda.
El índice alcanzado en 2018 es no obstante superior al del año anterior, cuando de las 199 rentas sociales que estuvieron activas durante aquel ejercicio solo 10, un 5,3%, quedaron anuladas porque sus beneficiarios consiguieron un empleo o mejoraron su situación económica. Aquel año se concedieron 187 ayudas, frente a las 191 que se dieron en 2018.
Las rentas sociales municipales extinguidas el año pasado fueron 81, de las que 54 se debieron a una modificación de las circunstancias que motivaron su concesión. De esta cantidad, 22, que equivale a un 40,7%, fueron por el acceso al mercado laboral o por la mejora de las condiciones de trabajo. El resto se anularon por diferentes razones, como el acceso a otra prestación social solicitada por el beneficiario, que esperaba mientras percibía la renta social; el abandono del país por el regreso al de origen o a otro distinto; o un cambio positivo de carácter económico en la unidad familiar, explica la directora de Bienestar Social. "Para esta concejalía no es un éxito renunciar a la renta social para beneficiarse de otras ayudas. El verdadero éxito es que tengamos que otorgar menos porque se reduce la necesidad de solicitarlas", explica Porto.
La extinción de una renta social municipal supone también la anulación del itinerario de inserción social y laboral al que está obligado cada perceptor, aunque los afectados por esa anulación tendrán que someterse en adelante a los seguimientos vinculados a otras prestaciones. Estas mismas personas pueden también participar en las actividades sociales desarrolladas por la concejalía y solicitar otro tipo de ayudas, como las becas comedor.
Dos mil entrevistas
El Concello recibió en 2018 un total de 344 solicitudes para ser beneficiario de la renta social municipal: concedió 191 y denegó 44; extinguió 81 y prorrogó 214. De las 304 ayudas activas que hubo, 170 las percibieron hombres y 134 titulares fueron mujeres. Los trece trabajadores del programa de la renta social realizaron casi 2.000 entrevistas y realizaron 115 visitas a domicilios donde las solicitaron. La directora de Bienestar Social apunta que las cifras fluctúan a lo largo del año y calcula que a mediados del actual hay activas alrededor de 400 rentas sociales.
"Nos estamos encontrando últimamente con situaciones muy duras. Casos de familias de cuatro miembros que llegan de otros países, sin conocer una palabra del idioma, y acuden a los centros cívicos en busca de alojamientos y de necesidades básicas. La renta social se les presenta como la ayuda principal a la que pueden acceder cuando no tienen tramitada ninguna más o no tienen derecho a otras", cuenta María Porto.
La concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, se plantea mejorar las prestaciones del servicio de renta social, que en 2017 contó con un presupuesto de casi 400.000 euros, el mismo que ejecutó en 2018 pese a contar con un millón de euros de inversión.
