Durante el año pasado, el Concello no realizó ninguna Inspección Técnica de Edificios (ITE) de más de cuarenta años, tuvo que suspenderlas por mandato del Tribunal Constitucional y no podrá retomarlas hasta que modifique su ordenanza municipal para adaptarla a la nueva ley gallega de rehabilitación. El 14 de diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló la normativa básica estatal en materia de inspección y evaluación de inmuebles, según explica en su memoria del año pasado el departamento de Vivienda y Rehabilitación. Las inspecciones se paralizaron al conocer la sentencia, de modo que, si en 2016 se habían iniciado 167 expedientes, bajaron a 47 en 2017 y a ninguno durante el año pasado, cuando sí que se cerraron 62 casos que estaban en proceso de ser resueltos y que se habían abierto antes del fallo del Constitucional.
