La Intervención General del Estado detecta irregularidades en contratos en el Museo de Ciencia y Tecnología (Muncyt) y en la puesta en marcha del Ágora, a caballo entre los gobiernos locales de PSOE-BNG y del PP. Todos acabaron en manos de Vendex. El órgano, dependiente del Ministerio de Hacienda, acaba de emitir un informe que solicitó en 2017 la jueza que abrió e instruyó la operación Pokemonoperación Pokemon. "Elevados componentes de subjetividad" y cambios en las condiciones de los concursos sin justificación son algunas de las anomalías señaladas por este órgano respecto a los concursos otorgados entre 2011 y 2012.
La instrucción sigue abierta pero la extitular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, fue apartada de la carrera judicial por el Poder Judicial durante siete meses y podría perder su destino, una decisión que ha sido recurrida. Los informes proceden de un episodio anterior, cuando la magistrada proseguía con la investigación desde los tribunales lucenses y demandó a Intervención General del Estado un estudio de cómo se habían desarrollado cuatro contrataciones bajo sospecha. Una en el Muncyt, que puso en marcha el divulgador científico Ramón Núñez Centella, quien, de la mano del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, fundó la red de museos de la ciudad, donde adquirieron relevancia como contratista habitual Vendex y sus filiales. Otras tres adjudicaciones pertenecen al Ágora, coincidiendo con su apertura.
De Lara emitió un requerimiento a Intervención para que emitiese una "opinión profesional" en noviembre de 2017. Los informes llegaron al juzgado de Lugo el pasado 10 de septiembre. Según figura en el Ministerio de Hacienda, Intervención es el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública, encargado velar por que la actividad económico-financiera de las administraciones públicas se ajuste a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
El ente estatal emitió dos informes, el primero "sobre la legalidad del procedimiento de contratación de diversos servicios en el Ágora de A Coruña": un contrato de urgencia para el servicio de limpieza del Ágora, uno para el servicio de vigilancia y otros servicios de naturaleza polivalente, y otro para los servicios integrales de limpieza, conserjería y mantenimiento del mismo centro sociocultural. Los dos primeros se completaron en el último año del bipartito de PSOE y BNG y el tercero, en el primer del PP. El primero y el tercero los ganó Aseo Urbano PAU y el segundo Sermasa, todas filiales de Vendex.
Intervención General del Estado, en sus conclusiones, detecta cinco "irregularidades". "Con carácter general se aprecia un elevado grado de subjetividad en los criterios de valoración, lo que puede favorecer la manipulación de los contratos", indica el órgano. En el contrato de limpieza, la aplicación de criterios técnicos para la selección de las empresas "no solo adolece de un alto grado de subjetividad, sino que el propio informe de valoración de dichos criterios es inconsistente y contradictorio". "Asimismo -añade- se habría incumplido el motivo por el que este fue declarado de urgencia y el plazo de ejecución del mismo fue inferior al establecido en el pliego de condiciones administrativas".
Respecto al contrato de vigilancia y otros servicios, considera "especialmente destacable la modificación que se produjo en el pliego en el que ex profeso y sin justificación alguna se incrementa el peso de los componentes subjetivos [para valorar a las empresas] y se elimina el peso de la oferta económica". Tampoco figura, añade, motivación de la declaración de urgencia.
Sobre la adjudicación de los servicios de limpieza y conserjería, pone el foco en que se excluyó a una empresa, Imesapi, porque la mesa de contratación consideró "desproporcionada" la baja de su oferta económica sobre el precio base del concurso. Sin embargo, la oferta "no cumplía los requisitos" para ser excluida. La de Imesapi fue la mejor propuesta pero, al quedar fuera, ganó la segunda, la filial de Vendex. Además, "se omitió el obligatorio trámite de audiencia a dicha sociedad por lo que se le privó el derecho de recurrir dicha calificación ilegal y obtener el contrato al ser la oferta mejor valorada". Por otro lado, sobre el mismo concurso, Intervención General del Estado advierte de que "no es posible conocer los criterios utilizados por la jefa de servicio de Cultura para la valoración de las distintas ofertas técnicas presentadas, ni calcular la puntuación final obtenida por cada una de ellas". "Además, se habrían utilizado criterios subjetivos de valoración de las mismas no indicados en el citado pliego", concluyen.
NI TRANSPARENCIA NI IGUALDAD
Núñez Centella es una de las personas que pasó a declarar en la calidad de investigado por los juzgados de Lugo. Pilar de Lara pidió también a Intervención General del Estado que analizase la contratación del servicio de atención al público y otros servicios complementarios para la puesta en marcha del Muncyt, que depende del Estado, en 2012.
Entre otras cuestiones, Intervención denuncia que la evaluación de ofertas técnicas la hizo un órgano cuya "existencia, participación y competencias no aparecen previstas" ni en el pliego técnico ni en el pliego administrativo. Censura además que se usaron criterios técnicos "de carácter subjetivo" para establecer "una nota de corte" que supuso "una vulneración de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia" de los procedimientos, "y no discriminación e igualdad de trato" como establece la ley. Añade que se realizaron dos prórrogas del contrato sin que estas estuviesen contempladas en el concurso.
