La relevancia de la llamada cuarta ronda, el proyectado vial que uniría la autovía del puerto exterior con la tercera ronda, es considerada por el Ayuntamiento como "vital" para el desarrollo económico de la ciudad y la comarca, como ha resaltado la alcaldesa, Inés Rey, en apoyo de las demandas de los polígonos de Pocomaco, Vío y A Grela y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y Área Metropolitana. Pero este enlace viario, que recibe el rechazo de la Xunta y del Concello de Arteixo, fue cuestionado no hace mucho, en mayo del año pasado, por un concejal del Gobierno local cuando era diputado autonómico y estaba en la oposición. El ahora edil de Urbanismo y Movilidad, Juan Díaz Villoslada, presentó una petición a la Xunta, en apoyo del ayuntamiento vecino, para que suprimiese el peaje de la AG-55 entre A Coruña y Arteixo y "renunciase a la construcción de la prolongación al puerto exterior".

Año y medio después han cambiado las funciones y responsabilidades de Díaz Villoslada, quien, como miembro del Ejecutivo municipal coruñés, respalda la carretera a la que en 2018 se oponía como diputado y especifica el alcance de aquella solicitud. "El Gobierno local de A Coruña apuesta por la cuarta ronda. Son planos diferentes. [La reclamación de Villoslada a la Xunta] Fue una petición que se llevó en comisiones. Como grupo parlamentario siempre se recogen las demandas de los concellos y se llevan a debate. El objeto de la petición era la eliminación del peaje, aunque sí tiene referencia a la prolongación", explican fuentes municipales.

La Corporación de Arteixo aprobó por unanimidad el mes pasado en pleno una declaración institucional en la que insta al Ministerio de Fomento a abrir una negociación entre las administra-ciones afectadas "con el interés de que se apruebe la propuesta presentada por el Concello y la Xunta para el rescate parcial de la AG-55 en su tramo A Coruña-A-6". Estas dos administraciones plantean que el tramo de la autopista entre A Coruña y Arteixo, un vial de titularidad autonómica, pase a manos del Estado, que debería abonar una indemnización de 19 millones de euros a la concesionaria, Autoestradas de Galicia. Argumentan, entre otras cuestiones, que el coste de la liberalización del pago en la AG-55 sería menor respecto a la obra prevista por Fomento para prolongar el acceso a Langosteira, estimada en 27,3 millones. La postura de Xunta y Arteixo choca con la del Ayuntamiento coruñés y su defensa del proyecto de la cuarta ronda.