La alcaldesa, Inés Rey, ha explicado que la primera decisión que tomará el Concello si finalmente interviene temporalmente la planta de Nostián, será la de retirar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que Albada, la adjudicataria del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos, ha planteado al 40% de su plantilla y que afecta a 39 de sus trabajadores. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la intervención temporal de la planta por un plazo máximo de ocho meses.

En este acuerdo, le otorga tres días hábiles, es decir, hasta este viernes, a la concesionaria para decidir si mantiene su decisión "unilateral" de no tratar los residuos procedentes de los concellos del Consorcio As Mariñas a partir del 1 de enero de 2020 o bien avenirse a lo que le solicita el Concello, que es seguir prestando el servicio tal y como lo ha hecho hasta ahora.

Si la empresa decide mantenerse en su decisión, el Concello designará a un grupo de personas para que dirija la planta y repercutirá el coste de sus salarios en la concesionaria, al entender que Albada no puede negarse a tratar los residuos del Consorcio sin el consentimiento del Ayuntamiento, que es el titular del servicio y dueño de la planta.

El plazo de ocho meses de intervención temporal, según ha aclarado la alcaldesa, está fijado bajo criterios técnicos y no ha querido ligarlos al proceso abierto de la licitación del nuevo concurso para gestionar la planta.

El acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local esta mañana tiene "carácter ejecutivo inmediato", de modo que, si hasta el viernes no hay movimiento por parte de Albada, los técnicos designados por el Concello entrarán en Nostián el lunes 23 -según precisaron fuentes municipales-, retirarán el ERTE y toda la plantilla mantendrá su empleo en las mismas condiciones que actualmente.

El comité de empresa tendrá que decidir en las próximas horas si mantiene o no la huelga indefinida que empezó la plantilla el 8 de diciembre y si levanta el piquete que tiene en la planta en este plazo de tres días que tiene Albada para pronunciarse sobre los requerimientos del Concello.