Después de siete años ocupándose de su hermano dependiente, Mari Luz Sánchez ha dicho basta. Esta vecina coruñesa con una discapacidad visual es, desde 2013, la tutora legal de Manolo, que cuando tenía 33 años sufrió un accidente de tráfico que le dejó secuelas físicas y mentales. "Me hice cargo de él cuando mi madre falleció, y dejé mi trabajo en la ONCE el año anterior, cuando los dos vinieron a vivir conmigo. Prometí no dejarlo nunca en una residencia, pero ya no puedo más. Necesito ayuda", denuncia.

Fue en el año 2017 cuando la coruñesa solicitó por primera vez una plaza en una residencia pública para Manolo, que desde el 2015 asiste al Centro de Día de Eirís. Según cuenta Sánchez, la Xunta le respondió que en los tres o cuatro meses siguientes la tendría, pero no fue así, y a día de hoy continúan esperando. "Él tiene el grado tres de discapacidad, que es el máximo, pero me dijeron que había gente que tenía prioridad para entrar por cuestiones de renta", explica la mujer, que afirma estar "en una situación de urgencia".

Y es que el paso del tiempo hace mella en la salud de ambos hermanos. "Manolo ya no me hace caso, no me escucha, se olvida de las cosas, no se toma la medicación, necesita ayuda para vestirse. Y yo no veo. Además, ahora tengo una lesión en el hombro", cuenta Sánchez, que desde el día 17 de junio del año pasado está a la espera de que a ella también se le declare como persona dependiente.

Con motivo de su situación, la vecina coruñesa solicitó un mes de respiro con prescripción psiquiátrica en diciembre, un período en el que Manolo pudo ingresar durante 30 días en el centro para mayores de Oleiros, y que llegó a su fin ayer. Su hermana fue a visitarlo en varias ocasiones a la residencia, y declara que en el centro estaba muy feliz. "Le gustaba pasear por allí, le dieron un andador para que no se cayese. En casa tengo que tener mucho cuidado porque tenemos escaleras y porque no utiliza las muletas", cuenta. Con su regreso a casa, Sánchez teme por el bien de los dos: "Yo cuidé a mi madre hasta el final, pero ella siempre mantuvo la razón. Ahora me preocupa no poder ayudar a Manolo porque no veo, y es muy difícil".

La vecina denuncia la falta de atención por parte de la Xunta y los Servicios Sociales del Concello. "Estoy harta de ir de un lado a otro. He hablado con los servicios sociales de la Xunta y también con los del Concello, y mi hermano y yo seguimos en la misma situación que hace más de tres años. No tengo vida", dice Sánchez.

El departamento de Política Social de la Xunta responde que los criterios para obtener una plaza en una residencia son completamente objetivos, y que se basan en una evaluación sobre el grado de discapacidad de la persona y su capacidad económica: "Lo que ocurre con Manuel Sánchez es que su renta es mayor que la de otras personas que tienen su mismo grado de discapacidad, y por eso tienen prioridad". Sin embargo, su caso se agrava debido a la condición actual de su tutora legal, y según informa la Xunta son los Servicios Sociales del Concello los que deben intervenir. "Si existe esa emergencia, necesitamos que nos lo comuniquen desde el Concello para poder actuar y darle prioridad a este caso", añade. Por otra parte, Servicios Sociales del Concello afirma que tienen constancia de la situación de Mari Luz, que su solicitud de dependencia "está en trámite", y que la responsabilidad de conceder la plaza a Manolo corresponde hoy en día a la Xunta.