Raquel Souto forma parte del Sindicat de Llogaters de Barcelona y participó ayer, junto a José Luis de la Flor, de la Unión de Inquilinos de Madrid; Sara Fernandes, del Grupo Hábitat en Lisboa; el miembro del Grupo de Estudios Territoriales de la UDC Plácido Lizancos y el arquitecto de la Oficina Técnica del Consorcio de Compostela, Xosé Allegue, en las jornadas sobre vivienda y mercado que organizó Marea Atlántica, en el centro cívico de Monte Alto.

A pesar de que Barcelona y A Coruña no son comparables a nivel de población, ¿qué podemos aprender de su experiencia para evitar que se agrave la burbuja del alquiler?

La burbuja del alquiler la sufrimos desde hace años, porque hay una subida constante de los precios que no se corresponde con el incremento de los salarios y del poder adquisitivo. En Barcelona, la subida del alquiler es drástica, desde 2013 a 2018 subió al menos un 35% y ya estamos pagando un 20% más que en el momento más caro de la burbuja. Ha habido un traslado de la especulación, desde el mercado hipotecario al del alquiler, que es mucho más dinámico. Hay que fijarse más que en los precios, en la tasa de sobreesfuerzo, que es lo que destinamos de nuestros ingresos al alquiler. En Barcelona, la mitad de los inquilinos paga más de un 50%. En el caso de los menores de 35 años, sube hasta el 65%, cuando la ONU dice que lo sostenible sería no más del 30%. Han proliferado sindicatos, no solo en Barcelona y Madrid sino también en ciudades intermedias, como Málaga o Granada.

¿Por qué se llega a esta situación?

Hay unas políticas públicas que han fomentado la diferencia entre propietarios e inquilinos a través de las leyes de arrendamientos urbanos (LAU). La historia de estas leyes es la de la pérdida de derechos para el inquilino. Nos pueden echar más fácilmente, reducen la duración de los contratos... Otra causa estructural es la falta de parque público de vivienda, en otros lugares ronda el 50% y aquí está en un 1 o un 2%.

¿Qué se puede hacer, sobre todo cuando muchos propietarios optan por convertir sus viviendas en pisos turísticos?

El Estado podría controlar mucho más, hay una parte del mercado del alquiler que está destinada a usos que generan mucha más rentabilidad, como los turísticos o los alquileres de temporada injustificados. En el sindicato tenemos dos líneas de acción: una es la presión institucional, cuyo objetivo es cambiar el marco normativo y poder introducir cambios en la ley, para poder regular los precios en función de la renta, también expropiar los pisos de la banca que lleven tiempo vacíos y limitar los beneficios fiscales de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). La otra parte, que es la central de lo que hacemos en el sindicato es la apuesta por la organización. Como inquilinas estamos atomizadas, tendemos a pensar que nuestros problemas son individuales si sufrimos acoso inmobiliario, si no nos dejan negociar nuestro contrato, si las cláusulas son abusivas, pero no, son colectivos. Históricamente no nos hemos organizado para luchar por nuestros derechos. Creamos también una estructura de apoyo mutuo en la que aprendemos juntos.

Actualmente, ya en A Coruña, muchas familias son expulsadas de sus barrios por la subida del alquiler.

Es estructural. La primera señal de que los propietarios quieren echar a los inquilinos es que les digan que quieren hacer obras. Esto surge de la no regulación de los precios, ya que la ley permite a los propietarios subirlos tanto como quieran. Es la gentrificación, la expulsión de las clases populares de las ciudades. Lo estamos viendo ya en la periferia.

¿Es posible regular el precio del alquiler a día de hoy?

Herramientas tenemos, tanto para expropiar pisos vacíos como para bajar precios, pero no hay un interés político aún cuando hay un problema brutal. El acuerdo de PSOE y Podemos abre la puerta a que, en zonas tensionadas, si el Ayuntamiento lo decide, se podrían regular los precios en base a unos índices, pero son altísimos, casi de precio de mercado.