Los manteros de A Coruña están desesperados. Aunque se han acostumbrado al hecho de que su situación no suela ser prioridad de nadie en condiciones normales, las dificultades que enfrentan en su día a día se recrudecen con la pandemia. El estado de alarma los mantiene, como a todos, en sus casas, y les impide desempeñar el que es su único medio de vida en la mayoría de los casos, la venta ambulante. "Si no salimos, no vendemos. Si no vendemos, no podemos pagar nada. Estamos pasándolo muy mal", revela uno de ellos, que prefiere no dar su nombre.

Sus opciones de supervivencia residen mayoritariamente en las ayudas que puedan recibir de las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro de la ciudad. El poco dinero que habían podido ahorrar hasta el momento se fue en hacer acopio de todo lo necesario para afrontar el confinamiento. Tras más de veinte días desde entonces, y con la despensa ya en las últimas, el futuro empieza a tornarse, si cabe, más incierto.

Pese a que para conseguir alimentos esenciales pueden recurrir a las recogidas organizadas por diferentes entidades del tercer sector, una de sus mayores preocupaciones es cómo afrontarán los próximos meses el pago de sus viviendas. "No sabemos cómo podremos pagar el alquiler, ni la luz, ni las facturas. Muchos compañeros han solicitado ayudas y no han tenido respuesta. Si se alarga la cuarentena, será todavía peor", resume uno de los afectados.

Desde la asociación SOS Racismo, una de las organizaciones que realiza seguimiento de los casos del colectivo en la ciudad, revelan que la administración deriva las peticiones de ayuda de los manteros a las ONG. "Les han ofrecido un cheque mensual de 50 euros a través de las entidades del tercer sector, nos preguntamos quién puede vivir con eso", señalan fuentes de la entidad. Con respecto a la vivienda, menos todavía. Con las expulsiones y los procesos de Extranjería en el aire desde la declaración del estado de alarma, y pese a no estar autorizados los desahucios mientras se prolongue la situación, la posibilidad que la Administración brinda a las asociaciones que trabajan con el colectivo es la de mediar ellos mismos con los propietarios para gestionar la posible solución.

"Aunque lo hagamos, van a seguir generando una deuda que tendrán que pagar, y no saben cuándo podrán estar en la calle para ahorrar lo suficiente. La venta no es inmediata, y ahora, menos", revela SOS Racismo.

El único recurso con el que podían contar hasta hace unos meses, la Renta Social Municipal, concebida para ofrecer una salida diferente a la venta ambulante, se saturó el pasado verano y desde entonces muchos de ellos se han visto abocados a volver a las calles, lo que resulta demoledor para la mayor parte. Ante eso, apelan a la empatía: "La venta no es un trabajo, es nuestro único medio de vida. Si tuviésemos papeles, trabajaríamos en cualquier otra cosa. Nadie quiere hacer esto".