Una de las últimas ocurrencias del presidente Sánchez para demostrar que mantiene la iniciativa en la campaña contra la pandemia del coronavirus fue proponer un pacto parecido al que se rubricó en el ya lejano 1977 bajo la denominación de Pactos de la Moncloa. Habían transcurrido dos años desde la muerte de Franco, aún no estaba redactada la Constitución, y una crisis económica agobiante situaba una inflación desbocada por encima del 20%. En esa coyuntura tan delicada ninguna de las fuerzas políticas comprometidas con lo que luego se conoció como la Transición se negó a firmar un acuerdo al que puso música y letra don Enrique Fuentes Quintana, el economista de confianza de Adolfo Suárez. El alcance de las medidas acordadas apenas superó el año de vigencia, pero al menos sirvió para enderezar el rumbo de la democracia todavía por consolidar. Y, sobre todo, para garantizar al poder financiero (como reconoció don Felipe González años después), que los salarios nunca subirían por encima de la inflación estimada. Ni el multicentrismo por entonces gobernante, ni el socialismo liberal aspirante a sucederle, ni el eurocarrillismo comunista, ni el posfranquismo de Fraga, ni los nacionalismos democristianos catalanes y vascos, pusieron pegas al acuerdo pese a las reticencias de los sindicatos, y todos se hicieron juntos una foto que habría de quedar para la Historia. Y de ella, (de esa Historia tan resobada de interpretaciones) quiere rescatar ahora el presidente Sánchez la legitimidad necesaria para reeditar algo parecido pese a la evidencia de que un tiempo y otro no tienen nada que ver. Entre otras cosas porque Sánchez no tiene el carisma ni el atrevimiento, ni el poder político acumulado del que disponía Suárez. Y tampoco la estructura del Estado era la misma. Entonces, a la cabeza de ese Estado, estaba un rey, Juan Carlos I, educado por Franco, y al que el dictador después de haberlo nombrado sucesor suyo había encomendado al Ejército su protección. Y entonces tampoco existían las comunidades autónomas ni la ocurrencia del "café para todos" hubiese desbordado el reconocimiento de las peculiaridades propias de las llamadas comunidades históricas, es decir, de aquellas con lengua propia reconocidas como tales durante el período republicano. La evolución de lo que se ha dado en llamar la "España de las autonomías" ha sido muy conflictiva, ya que al cabo del tiempo transcurrido no está claro cuál es su límite competencial ni cuál su forma definitiva de financiación. Y definir sus perfiles legales es tarea complicada ya que no son propiamente federales, ni confederales, y para complicarlo aún más tienen rasgos forales y de pervivencia de privilegios históricos de periodos no democráticos. Una confusión que en algunos lugares ha propiciado tendencias separatistas sentimentalmente muy potentes. Una conclusión que a nadie debe extrañar ya que cuando el Estado cede la mayor parte de sus competencias ya solo resta entregar la parte del territorio que en cada caso corresponda. Ante un panorama como ese pedir unos nuevos pactos de la Moncloa no aclara mucho. Descartado que su objetivo final sea rescatar las competencias cedidas a las comunidades autónomas, habrá quien lo interprete como una maniobra para desbordar el actual Gobierno de coalición so pretexto de un más amplio, y más eficaz, empeño unitario. Los políticos hacen política hasta en tiempos de gravísima crisis.
