El Gobierno de A Coruña pretende movilizar seis millones de presupuesto para hacer frente a los gastos generados por la crisis del coronavirus y el plan municipal de reactivación. El Ejecutivo presentó esta mañana a la oposición el cambio que pretende hacer en el presupuesto para abordar las necesidades sobrevenidas por la pandemia. La modificación necesita del apoyo de parte de la oposición al estar el Ejecutivo en minoría en el pleno.
El proyecto a partir del que pretende negociar con el resto de grupos se basa en tres líneas explicadas por la alcaldesa, Inés Rey. Una, las obras públicas. Una segunda, los programas municipales de protección social. Y la tercera, "medidas económicas y fiscales" para las Pyme y los autónomos de la ciudad "y determinaciones que vayan dirigidas a mejorar la situación del comercio, la hostelería y la industria cultural".
El edil de Economía, José Manuel Lage, valoró "la buena disposición de todos los grupos a buscar un mínimo consenso" y subrayó como "importante" que hoy se alcanzase "el primer acuerdo" al decidir "entre todos los grupos políticos" cuáles van a ser "las tres grandes líneas de acción del plan de reactivación económica y social".
"Insuficiente" para la oposición
En sus primeras valoraciones, los grupos de la oposición consideran insuficiente la cantidad de seis millones que se pretende reasignar dentro del presupuesto. El BNG considera que es necesario reservar "bastante más" cantidad y, si es necesario, "dada la solvencia de la hacienda local", recurrir un préstamo para el plan de choque. El PP propone revisar el presupuesto para aumentar esa cantidad y añadir 750.000 € del 20% del superávit para gasto social, y 623.000 € del plan de choque de limpieza que el Concello quiere contratar a través de la Diputación.
En cuanto a Marea, también demanda ser más "ambiciosos" a la hora de plantear un "plan de choque social" para elevar esa cantidad "insuficiente". Se ofrece a negociar e insta a agotar todas las vías para elevar la cantidad asignada. Entre otras cuestiones, pide que los servicios jurídicos y económicos emitan un informe para ver si parte de los 14,5 millones del superávit que se van a emplear en indemnizaciones urbanísticas (Castro de Elviña) pueden aplazarse y reservarse para afrontar la crisis.
