El Concello retoma la contratación al levantar la suspensión de los plazos administrativos derivada del decreto de alarma, declarado a mediados de marzo. Así lo anunció ayer el concejal de Economía y Hacienda, José Manuel Lage, en la primera de las Juntas de Portavoces semanales extraordinarias, en la que están representados todos los grupos de la Corporación.

Esta decisión implica que el Concello podrá retomar los procesos que se habían abierto antes de la crisis sanitaria del coronavirus y también que se puedan iniciar nuevas tramitaciones, con el objetivo, según señala el Gobierno local, "de dinamizar el tejido social y productivo de la ciudad" para poder paliar los efectos negativos de la Covid-19 en la economía de las familias que dependen de estos contratos municipales.

El Concello enviará "en los próximos días" las notificaciones y, en su caso formalizaciones, de los procesos que ya estaban siendo tramitados, y también realizará las mesas de contratación de forma telemática, para poder avanzar en los procesos de adjudicación.

El decreto del estado de alarma permitía levantar esta suspensión de los plazos si existían argumentos suficientes para hacerlo. El concejal de Hacienda, explicó ayer en declaraciones a este diario que una de las justificaciones que utilizaron en A Coruña para fundamentar este movimiento es que existen actualmente servicios esenciales pendientes de adjudicar y que no seguir con la tramitación provocaría un perjuicio para el funcionamiento de la ciudad, como por ejemplo, el contrato del servicio de limpieza de las galerías comerciales de Adormideras, que estaba pendiente de resolver o el servicio de salvamento y socorrismo, ya que tiene que ver con la seguridad de los vecinos.

Con este procedimiento también se pretende ganar tiempo, ya que, si finalmente el Gobierno levanta el estado de alarma tras la última prórroga aprobada, el 11 de mayo, todos los ayuntamientos de España procederán a subir sus contratos a la plataforma estatal y se podría producir un colapso en la web. De este modo, los de A Coruña ya no tendrían que esperar a ese momento y podrían ir incorporándose a partir de este jueves, ya que, previsiblemente, la Junta de Gobierno Local que formalice este levantamiento de la suspensión de los plazos en la contratación se celebrará este miércoles.

También empezarían a correr los plazos a partir de este jueves de aquellos contratos que estén inmersos en un proceso de reclamación, por ejemplo, ante el TacGal, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, para poder ser resueltos y finalizar su tramitación.

Esta medida, según aclaró ayer Lage, ayuda también en el caso de convocatorias especiales, como las de los fondos europeos DUSI, que tienen que estar justificados a finales de este año. "Seguramente aprueben una prórroga pero, teniendo una herramienta que nos permite seguir con la contratación, no podemos esperar a que tomen esa decisión, porque tenemos que justificar los fondos y tenemos obligaciones con Hacienda y con Europa", aclaraba ayer Lage. El levantamiento de la suspensión de los plazos se fundamenta en el interés general y también en que afecta a servicios esenciales.

Marea Atlántica propone que el Concello ponga en marcha un plan de choque contra el desempleo para los sectores mas afectados por la pandemia. Pone sobre la mesa propuestas como bonos prepago de apoyo al comercio y a los mercados -por ejemplo, de 50 euros y que permitan gastar 75 cuando los comercios vuelvan a abrir y el Concello subvencione esos 25 euros- o ayudas para el pago del alquiler de locales comerciales.

El PP también propuso que el Concello habilite un canal de ayudas directas para autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como que el Concello pida un préstamo para poder ofrecer más subvenciones a los sectores que han visto cómo su actividad se interrumpía por el coronavirus, pero no así sus recibos. Este crédito estaría destinado a reactivar la economía con el pago de alquileres y cuotas de la Seguridad Social.

El BNG demandó al Gobierno local que anticipe al menos el 80% del importe de las subvenciones a las entidades sociales que prestan servicio a través de convenios municipales.