07 de agosto de 2020
07.08.2020
La Opinión de A Coruña

La ría, pendiente de un papel y ayudas

La Xunta mantiene su propuesta de crear con Estado y concellos un plan social para compensar a los mariscadores por el tiempo que no podrán faenar por la regeneración

07.08.2020 | 00:57
Una embarcación en la ría de O Burgo.

La Consellería do Mar asegura que mantiene sobre la mesa su propuesta de crear un plan de ayudas para los mariscadores que se verán afectados por las obras derivadas de la regeneración de la ría de O Burgo y por la paralización de su actividad. En enero de 2019, cuando Xunta y Estado pactaron solicitar fondos europeos para la ejecución de este proyecto, el Gobierno autonómico había anunciado que estaba dispuesto a contribuir con un 10% al plan social que se pudiese acordar con los ayuntamientos y con el Estado para paliar las pérdidas económicas a las que se tendrán que enfrentar los mariscadores por la paralización de su actividad. Desde entonces, según fuentes de la Consellería do Mar, no han tenido respuesta a su propuesta.

Este plan de ayudas es la reclamación que hacen los mariscadores en este punto del proceso en el que las posturas de Xunta y Estado están enconadas. El Ministerio para la Transición Ecológica, basándose en un informe de la Abogacía del Estado, requiere a la Xunta un documento en el que certifique que los terrenos están libres de concesiones -que no hay actividad marisquera en ellos- para poder sacar a concurso las obras.

La Consellería do Mar dice, sin embargo, que no suspenderá los planes de explotación de la ría hasta que el Estado le informe de la adjudicación y la firma del contrato, así como del calendario de las actuaciones. Será en ese momento cuando "inmediatamente" liberará los terrenos de su actividad marisquera. Esta posición la respaldan los mariscadores y consideran que, en este caso, la Xunta está protegiendo sus intereses al no enviar el documento que el Estado le exige para seguir adelante con la licitación. Y es que, en su opinión, si la Xunta suspende ya los planes de explotación, ellos se quedarían desamparados a la hora de ser considerados damnificados por las obras, ya que, al inicio de las mismas, la Consellería do Mar había certificado que no había actividad. Es por ello por lo que proponen que se les reconozca "desde ya" como perjudicados por el dragado o bien, que solo se paralice su trabajo durante las obras de regeneración del estuario.

A pesar del informe elaborado por Abogacía del Estado -analizando la Ley de Contratos del Sector Público- sobre si se puede licitar la obra sin contar con la certificación de que los terrenos carecen de concesiones, la Xunta defiende que "no hay base jurídica para suspender ya la actividad marisquera" y que "no puede hacerse sin justificación". Alega, además, que la actividad marisquera es compatible con la licitación de las obras y que la paralización ocasionaría perjuicios económicos a los trabajadores. Los mariscadores, actualmente, han reducido su jornada por el coronavirus y los bajos ingresos percibidos por las capturas, ya que la hostelería no está funcionando como en campañas anteriores, ante el descenso del turismo.

En este caso, unos meses más o menos de disputa entre administraciones es más que importante, ya que los fondos europeos concedidos para la ejecución de las obras tienen fecha de caducidad, como también la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto a realizar, que ha consumido más de la mitad de su periodo de vigencia, al haber sido aprobado en 2017 y tener una vida de cinco años.

Durante la jornada de ayer, los mariscadores mantuvieron una reunión en Demarcación de Costas para conocer un poco mejor el proyecto de actuación. Solicitarán también con la Consellería do Mar sobre el dragado y el mantenimiento de su actividad.

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