Un recurso interpuesto por el sindicato CIG ha motivado la paralización temporal del arranque de las nuevas líneas de autobuses metropolitanos, de las que se conocen algunas adjudicaciones, como las que cubren servicios en el área coruñesa. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia deberá resolver en las próximas semanas si acepta los argumentos de la CIG para solicitar que se anule la adjudicación de 19 lotes y la suspensión cautelar del procedimiento promovido por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
El recurso del sindicato, presentado la semana pasada, contiene errores de forma en su documentación, según traslada Infraestruturas, por lo que ahora el Tribunal de Contratación da un plazo a la CIG para subsanar ese texto y resolver después sobre el contenido del recurso. Uno de los lotes es el de la zona oeste de A Coruña (Arteixo, A Laracha, Bergantiños y Fisterra); el otro, el de la zona este (Oleiros, Cambre, Culleredo y Sada).
La CIG alega, entre otras razones, que las empresas adjudicatarias y el organismo contratante han incumplido las obligaciones sociales y laborales que afectan a la plantilla que cubre el servicio; que la presentación de ofertas a través de uniones temporales de empresas sirve para evitar que los trabajadores tengan representación; que los listados de personal a subrogar están incompletos; y que algunos lotes ya adjudicados comenzarán a funcionar cuando haya comenzado el curso escolar, para el que tienen integrado el traslado de escolares.
El sindicato añade que la anulación y suspensión solicitadas "no ocasionarán ningún perjuicio" al servicio, dado que parte de los contratos están sujetos a una prórroga automática hasta el 31 de diciembre de 2020, "por lo que la continuidad está garantizada.
El plazo para presentar recursos contra las adjudicaciones de los primeros contratos de los buses metropolitanos de Galicia, que salieron a concurso público tras más de medio siglo, finalizó la semana pasada. En la zona de A Coruña Compostelana SAU, empresa del grupo Alsa, impugnó el contrato que afecta a la zona oeste, que logró Arriva; y la Agrupación Interbus-Xerpa, de la que son socios los gestores de la Compañía de Tranvías de A Coruña, hizo lo mismo para el de la zona este, para la alianza entre los grupos Alsa y Monbus, según informó el Gobierno autonómico. La Xunta recibió otros cinco recursos para otros lotes fuera del área coruñesa.
El Tribunal Administrativo de Contratación será el encargado de resolver los recursos presentados por las empresas que se presentaron el concurso y que no están conformes con el resultado dictaminado por la mesa de contratación de la Consellería de Infraestruturas. El plazo de las concesiones es de diez años.
