La concejalía de Urbanismo ha rechazado varias peticiones de compensación solicitadas por propietarios del edificio Fenosa. Según explican fuentes municipales, las reclamaciones no se ajustan a los criterios pactados dentro del acuerdo de mediación que evitó el derribo del edificio Fenosa.

El acuerdo incluye el abono, en concepto de daños morales, de 12.000 euros a los propietarios de pisos, si se trata de su vivienda habitual o locales comerciales, en el caso de que estos descarten recurrir a la vía judicial. Para los que no residen en dicho domicilio (esté alquilado o desocupado), la administración local ofrece un pago de 9.000 euros. El Concello aceptaba asumir así la condición de único responsable de otorgar un permiso de reforma que resultó, con el tiempo, ser ilegal (lo que dejó fuera a la constructora, Fadesa).

El acuerdo aprobado por la comunidad de edificio concluye que "los propietarios que no acepten la transacción podrán ejercitar o en su caso continuar las acciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos e intereses". Por el contrario, al aceptar el ingreso de la cuantía, los propietarios, en torno al centenar, descartarían la vía judicial por lo que el Concello cerraría de manera definitiva el litigio, que se ha alargado durante dos décadas.

Parece, sin embargo, que tendrá algo más de recorrido. El departamento de Urbanismo ha denegado al menos tres peticiones de propietarios al considerar que no se ajustan a los requisitos aceptados por el Tribunal Superior de Xustiza para recibir la indemnización por la cantidad exigida o el tipo de propiedad, según explican fuentes municipales. El fin de la vía administrativa podría dar paso a un nuevo camino judicial.

Los pagos a los propietarios -de más de un millón de euros en total, según las estimaciones- se suman a los 2,97 millones que recibió de compensación el denunciante en virtud del acuerdo de mediación. A principios de agosto, el Concello archivo el expediente para investigar si algún técnico o político debía responder con su patrimonio por la licencia ilegal de 1997. Entiende el Ejecutivo que no concurren las circunstancias de dolo, culpa o negligencia grave en ninguna de sus actuaciones.