El desalojo este lunes de 13 personas que ocupaban ilegalmente un edificio en la calle Doctor Fleming, en el barrio de A Falperra, y tenían atemorizados a los vecinos por supuesto comportamiento violento y presunta actividad delictiva en absoluto alivia el problema de la ocupación de viviendas ajenas, un fenómeno social al que se enfrentan muchas ciudades de tamaño medio y grande. Desalojar una casa por orden judicial no conduce a sus ocupantes, generalmente con recursos escasos, a un piso en la que puedan estar legalmente, y tampoco suele hacerles cambiar de ciudad para tratar de encontrar otro alojamiento. "Lo que hay que hacer es mandarlos de vuelta", proponían anteayer vecinos de Doctor Fleming que presenciaban el desalojo en la calle. Difícilmente. Los ocupas de origen magrebí que desde enero de este año se habían instalado en A Falperra seguramente seguirán en A Coruña por tiempo indefinido.

Para realizar tal aseveración hay que entender cómo es la vida de los colectivos de ocupas, y en concreto el de personas procedentes de países del norte de África como Argelia y Marruecos. "Van a buscar una alternativa similar donde vivir, están en contacto entre ellos y saben adónde pueden ir al no tener manera de encontrar un domicilio legal", confirma Sonia Valbuena, directora del Comité Antisida de A Coruña (Casco). "Esta ciudad es cómoda para ellos como destino y estancia, y van a seguir siendo ocupas aquí. Tienen pocos ingresos y conocen los recursos a los que tienen acceso, como comida, ropa y asistencia. Otra cosa es que tengan presión policial encima, lo que les aparta del circuito de ayudas, por lo que en ese caso es más normal que se vayan a otra ciudad porque tienen actividad delictiva y acumulan dinero", explica Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica de A Coruña.

Ninguna de las personas desalojadas el lunes de uno de los dos edificios ocupados de Doctor Fleming fue detenida. Todas abandonaron los pisos sin resistencia tras ser identificados por la Policía Nacional y sus datos fueron enviados al juzgado que autorizó la entrada en el inmueble por si decide tomar alguna medida. Aunque los agentes se incautaron de numerosos objetos de valor robados que encontraron en las viviendas de A Falperra, como televisores y patinetes eléctricos, no se detuvo a nadie, porque al haber muchas personas es muy difícil determinar en el momento del desalojo quiénes son los autores del delito.

Despliegue policial para el desalojo de 'okupas' en A Falperra

Una operación policial como la del lunes pone un parche a un foco de ocupación, pero no tapa los demás ni tampoco acaba con un problema con el que ciudades como A Coruña van a seguir cargando. "Es muy poco probable que un ocupa vuelva o sea devuelto a su país", responde Sánchez a quien cree que esa es la solución. "Las personas que se van de Marruecos o Argelia ya estaban excluidos socialmente en sus países, en los que no hay mínimas ayudas como ropa y alimentación. Vivir en la calle allí es mucho más duro que vivir en la calle en España".

Cabe matizar, apuntan los consultados, que una buena parte de la población extranjera que escoge ciudades como A Coruña para instalarse irregularmente en una vivienda llega al país con una idea muy equivocada de lo que se va a encontrar. "Vienen sin información y con la creencia de que enseguida van a encontrar un trabajo", comenta Valbuena. "Los más jóvenes, sin nada que perder, llegan creyendo que su sueño europeo es vida nocturna, economía sumergida, dinero, chicas, drogas", cuenta Sánchez. Otra parte de esa población migrante, aclara la directora de Casco, sí desembarca en España con intenciones más limpias y proyectos de trabajo, si bien "muchas veces se dan de frente con la realidad, no logran empleo y se frustran".

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Trece desalojados de uno de los edificios ocupados en A Falperra

El Concello a través de varias áreas y la Subdelegación del Gobierno acordaron el lunes crear una mesa de trabajo para evaluar la ocupación en la ciudad para poder discernir qué circunstancias se dan en cada caso. La iniciativa, cree Sánchez, "está bien planteada", aunque añade que no garantiza soluciones ya de por sí complejas. "Materializar una orden de expulsión, por ejemplo, sigue un recorrido largo y complejo. Si se quiere ir más allá, hay que reformar la ley de extranjería". Al repasar los pasos de ese proceso, Sonia Valbuena deja claro esa dificultad que entrañan soluciones como las de la expulsión de ocupantes en situación ilegal: "Hace falta un procedimiento administrativo de expulsión, capacidad y recursos para retener a los extranjeros antes de ser devueltos a su país y después que los países de origen acepten la devolución, y en el caso de Marruecos no lo pone nada fácil".