El Concello ha logrado la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio a la reforma de sus dependencias en la Fábrica de Tabacos. Para lograrlo, presentaron tres opciones alternativas al departamento autonómico, que eligió la que menor impacto causaba a la fachada posterior del edificio. La opción elegida por la Xunta simplifica el acceso, que prescinde de cualquier elemento añadido exterior, salvo una rampa, para resaltar la futura entrada de la Concejalía de Servicios Sociales. Es el área elegida por el actual Ejecutivo socialista para mudarse a los espacios asignados al Ayuntamiento coruñés en el edificio histórico, que la ciudad cedió a la Xunta para rehabilitar y ser sede judicial.

Tres ventanas se convertirán discretamente en puertas para entrar en el espacio, de unos tres mil metros cuadrados. Se accederá mediante escaleras o una rampa, que por orden de Patrimonio será más estrecha de lo que había diseñado el Concello pero que tendrá la anchura mínima para cumplir la normativa de accesibilidad.

Según explican fuentes municipales, el proyecto modifica la idea inicial para el interior que tenía el Gobierno anterior, ya que este pretendía agrupar en el inmueble los diferentes departamentos de Urbanismo diseminados en un único lugar. Las necesidades de Servicios Sociales son diferentes, ya que necesitan, por ejemplo, una serie de estancias que preserven la intimidad de los vecinos que necesiten acudir a ellos. El presupuesto municipal del pasado año planifica una inversión en tres ejercicios con una reserva económica para la actuación de más de cuatro millones de euros.

Patrimonio había rechazado la primera propuesta del actual Gobierno local porque, en opinión del departamento autonómico, el Ayuntamiento pretendía crear una nueva fachada principal, lo que vulneraba la integridad del edificio de la antigua factoría, de 1804, que está protegido. Ya había desechado en 2017 por un motivo similar un plan del anterior Ejecutivo de Marea.

Hace ya tres años que la antigua Fábrica de Tabacos reabrió para acoger actividad judicial, después de que el Ayuntamiento le cediese a la Xunta el edificio. Los 3.000 metros cuadrados están sin uso desde entonces. El actual Ejecutivo socialista llegó a interponer un recurso de alzada ante la Consellería de Cultura pero finalmente, casi un año después, se ha logrado un acuerdo que evita a los usuarios tener que acceder por una entrada compartida con los juzgados.

Construcción de pisos

La transformación de la zona se podrá completar a medio plazo más de 15 años después de que se anunciase la operación urbanística propiciada por la marcha de Altadis y el cerrojazo de la fábrica. Aunque los pisos municipales salieron adelante, el pinchazo de la burbuja paralizó durante años el desarrollo de los de promoción privada. La situación se desbloqueó en los últimos años. Los activos de la promotora inmobiliaria asociada a San José tras su quiebra pasaron a un fondo de inversión que reactivó las promociones bajo el sello Via Celere. La misma San José, cuya división constructora sobrevivió, se encarga de levantar los bloques. Un edificio ya tiene habitantes (el más próximo a la Casa del Mar,) otro está a punto de terminarse (el que da a la avenida de Oza) y un tercero (Ramón y Cajal) está en una fase más temprana de obras.