La licitación del proyecto de regeneración de la ría de O Burgo, presupuestada en 48 millones de euros, se abrirá este mismo año, según la previsión comunicada por el Gobierno central al senador del Partido Popular por A Coruña Miguel Lorenzo. El borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluye una partida de 20 millones para ese ejercicio y de 8,5 millones para el próximo, pero hasta el momento no había concreción sobre cuando se realizará la apertura del concurso para ejecutar las obras.

“Se prevé que la licitación de la actuación se produzca dentro de este año”, contesta el Ejecutivo estatal a Lorenzo sobre sus planes para efectuar ese trámite, que considera posible gracias a la orden de la Consellería de Mar que prohíbe el marisqueo en la ría una vez que comience el dragado. Para el Gobierno central, esa disposición “garantiza la disponibilidad de los terrenos en los que se han de ejecutar las obras” que exige la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que autorizó el inicio del expediente para la contratación del proyecto.

El pasado día 5 el Ministerio para la Transición Ecológica anunció que ponía en marcha el proceso para hacer posible la licitación con la redacción de los pliegos de condiciones para la adjudicación del contrato, pero no mencionó la fecha en la que comenzaría el periodo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas. Miguel Lorenzo recordaba en la pregunta que presentó en el Senado que A Coruña y su área metropolitana “llevan muchos años esperando las grandes inversiones en infraestructuras prometidas desde hace años por el Gobierno central” y destacaba entre ellas la regeneración de la ría de O Burgo, cuyo proyecto mencionaba que está “listo y preparado y con la financiación resuelta”, por lo que reclamaba saber cuándo se licitaría.

La voluntad del ministerio de poner en marcha el concurso para adjudicar las obras este mismo año tiene además repercusión sobre su financiación, ya que los trabajos durarán 26 meses y los fondos europeos que los costearán tienen fecha de caducidad. Pero es posible que las empresas que compitan por el proyecto realicen ofertas para acortar la duración de las obras. Los plazos también afectan a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada sobre este proyecto, ya que se hizo pública en septiembre de 2017 y perderá su vigencia a los cinco años, de forma que si los trabajos no hubieran concluido en ese momento, habría que tramitar otra.

Pero la inminencia de la licitación no resuelve otro de los problemas que se plantean con el inicio de la recuperación del estuario: paliar la pérdida de ingresos que tendrán los mariscadores durante los al menos dos años en los que no podrán faenar. Los trabajadores reclaman de forma continua que se apruebe un plan de ayudas que les permita subsistir durante el desarrollo del dragado, actuación de la que además han sido los máximos impulsores en los últimos años.

La Mesa de la Ría de O Burgo anunció el martes que pedirá al Gobierno central y a la Xunta que acuerden ayudas para los mariscadores afectados por el dragado. Esa plataforma, integrada por ayuntamientos ribereños, la Universidade da Coruña, la Plataforma en Defensa da Ría y la Cofradía de Pescadores de A Coruña, respalda a los mariscadores en su exigencia de tener “certezas” de que cobrarán alguna cantidad durante las obras.