Las pintadas realizadas el pasado viernes en la carrocería de un vehículo de este cuerpo estacionado junto al cuartel de la Policía Local ponen en evidencia los fallos de seguridad de esas instalaciones. Fuentes policiales aseguran que las cámaras de vigilancia instaladas en el edificio no cubren todo su perímetro y que varias de ellas no funcionan. A esto se une que otras no son capaces de grabar imágenes y que las tomadas por un tercer grupo son de muy mala calidad, mientras que algunos de los monitores en los que deben visionarse no están operativos.
Esta situación permitió que un grafitero se aproximara al coche patrulla y le pintara sobre uno de sus costados las siglas ACAB (All cops are bastards, todos los policías son bastardos), además del nombre Sofi y un corazón, todo ello con pintura de color rosa, empleada generalmente para mofarse de monumentos o instituciones. Al margen del acto de vandalismo que supone, este hecho causó indignación entre los policías al reflejar la precariedad de medios del cuartel de la calle Orillamar, unas dependencias que se han quedado anticuadas desde hace años y que además son insuficientes para las necesidades del cuerpo.
El Gobierno local eludió pronunciarse ayer sobre el estado de los equipos de vigilancia del cuartel argumentando cuestiones de seguridad pero informó de que el autor de las pintadas ya fue identificado y los hechos comunicados a la Fiscalía, al entender que constituyen un delito por tratarse el vehículo de un bien público. A esta misma persona se le atribuyen las pintadas efectuadas también ayer sobre un mural del colegio Sanjurjo de Carricarte, en el que aparecieron las letras “COAS” con las que habitualmente firmaba un conocido grafitero coruñés, aunque el Concello no proporcionó la identidad del autor de los dos hechos.
Ese grafitero fue detenido el año pasado e ingresó en prisión por haber ensuciado numerosos vagones de tren y negarse a pagar los 2.000 euros que acumulaba en multas. Cuando fue identificado como autor de más de 500 pintadas por el anterior Gobierno local, se le ofreció colaborar en la limpieza de las mismas para eludir nuevas sanciones, pero se negó a ello y anunció que no pagaría porque carece de ingresos.
Tras divulgarse la noticia sobre las pintadas realizadas en el vehículo, la Asociación Profesional de la Policía Local publicó un twit con el comentario: “Esto es lo que pasa cuando los pocos vehículos patrullas de los que se disponen quedan en la vía pública a merced del vandalismo”. La entidad añadió que lleva “años solicitando instalaciones adecuadas y seguras. El reducido tamaño del cuartel de la Policía Local obliga a que la mayoría de los vehículos utilizados por los agentes tengan que quedar aparcados en el exterior.
Durante el confinamiento las carencias del edificio quedaron aún más a la luz, ya que la Asociación Profesional denunció que “en el 90% del cuartel es prácticamente imposible guardar las medidas de seguridad. No hay un mínimo espacio entre taquilla y taquilla. Dependiendo del turno, pueden estar cambiándose 10 o 15 personas en nada, en seis metros cuadrados”, según Manuel Freire, presidente del colectivo.
Las deficiencias del cuartel llevaron en 2014 al entonces alcalde, Carlos Negreira, a anunciar que la antigua sede de la Delegación Provincial de Sanidade de la calle Gregorio Hernández albergaría las nuevas instalaciones de la Policía Local. Días antes de las elecciones municipales de 2015, el Gobierno local del PP convocó un concurso de ideas para reformar el edificio y fijó un presupuesto de 7,5 millones.
Cuando Marea Atlántica llegó a la Alcaldía declaró desierto el concurso al considerar que ningún participante ofrecía “una respuesta equilibrada” a los requisitos de las bases. Ese Gobierno local mantuvo el proyecto de traslado al inmueble de Gregorio Hernández hasta que en 2017 desistió por la pasividad de la Xunta en torno a la cesión.
Luego se citó la posibilidad de instalar el nuevo cuartel en la estación de autobuses cuando se construya la nueva terminal en la intermodal, lo que recibió el respaldo de la Asociación Profesional de la Policía Local, pero que tiene como inconveniente que Concello y Xunta mantienen una disputa sobre la propiedad de ese recinto.
