El Gobierno local solicitará al Ejecutivo central colaboración para llevar a cabo la rehabilitación del edificio de la antigua cárcel, que se encuentra en estado ruinoso, ya que las obras necesarias tienen un coste estimado de 30 millones de euros que no puede ser asumido por el Concello. Así lo manifestó ayer en el pleno el concejal de Memoria Histórica, Jesús Celemín, en el debate de la moción del BNG que planteaba que se reclame a la Administración estatal la cesión gratuita del inmueble y que fue aprobada por unanimidad. El de la cárcel fue uno de los asuntos urbanísticos abordados en la sesión plenaria, que se detallan a continuación.

Antigua prisión. Celemín advirtió que solo la reparación de los muros y la cubierta de la prisión tendrá un coste de 14 millones y que será necesario elaborar un plan director sobre el edificio para que pueda solicitarse su declaración como Bien de Interés Cultural. “Nosotros también queremos recuperar la antigua cárcel, pero la solución no llegará pronto”, destacó el edil, quien recordó que tras las sentencias del Tribunal Supremo y del Superior de Galicia, el Concello está obligado a pagar 1,2 millones para hacerse con su propiedad. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, consideró que la cesión gratuita del inmueble aún es posible a pesar de los fallos judiciales “si hay voluntad política” y aseguró que esta reclamación “es una cuestión de justicia”. Jorquera alertó de que si no se actúa con urgencia la prisión acabará en ruinas y planteó que se exija al Estado que asuma su mantenimiento al ser su propietario. La portavoz popular, Rosa Gallego, manifestó que debió haber revertido de forma gratuita al Concello y reprochó que el Gobierno de Francisco Vázquez no solo acordase pagar por ella, sino que además cediese el terreno para el Centro de Reinserción. Exigió un “estudio serio y consensuado con toda la ciudad” acerca de su futuro y que no se abra “de cualquier manera”. La concejal Isabel Faraldo, no adscrita pero militante de Podemos, anunció que trasladará la petición de la cesión al Gobierno central, en el que su partido está integrado. Por Marea Atlántica, Claudia Delso recordó la iniciativa realizada por su partido en el anterior mandato para abrir la cárcel, a la que calificó como “uno de los edificios más simbólicos de la ciudad” y reclamó que se elabore un plan de usos para programar su futuro.

Catálogo de patrimonio. El pleno aprobó de forma provisional la inclusión de diez edificios en la relación de los que cuentan con protección por su interés arquitectónico, histórico o artístico. Estos inmuebles forman parte de una amplia relación que comenzó a tramitarse en 2016 y durante la cual se decretó una suspensión de licencias con la que se impidió que fueran alterados y que caducó ayer mismo. Esto movió a Marea Atlántica a proponer una enmienda al acuerdo para que el Gobierno local se comprometiese a llevar a pleno el resto de los edificios en el primer semestre del próximo año, iniciativa que fue apoyada por todos los grupos políticos. “Lo que nos preocupa es lo que se queda fuera”, argumentó el concejal Iago Martínez para explicar su propuesta de fijación de un plazo. Por el Partido Popular, Antonio Deus destacó los “numerosos errores y carencias” del expediente y aseguró que algunos de los edificios propuestos no tiene “ningún valor relevante”, a lo que añadió que catalogarlos supondrá una pérdida patrimonial para los propietarios por dificultar su reforma. “Hay cientos de edificios en la ciudad con características similares a estos”, afirmó.

Lonja y Observatorio. La exclusión del primero de estos edificios del catálogo del plan general hizo que Marea Atlántica incluyese en su enmienda que se inste a la Autoridad Portuaria a que modifique su Plan Especial para protegerlo. También el Gobierno local respaldó esta propuesta, al igual que el resto de la Corporación. Iago Martínez calificó de “muy preocupante” la alegación presentada por el Puerto para evitar la catalogación, ya que consideró que cuestiona que el Concello pueda hacerlo e “invoca la soberanía” del organismo portuario sobre sus terrenos “para hacer lo que quiera”. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, aseguró que no renuncia a incluir la Lonja del Gran Sol en el catálogo, al igual que la primitiva sede del Club del Mar, y que trabajará con el Puerto para conseguir incluir al primer edificio. La nacionalista Avia Veira calificó de “cojo” al catálogo por esas ausencias y la del Observatorio, por cuyo futuro expresó su preocupación, a lo que Villoslada respondió que está en contacto con la Agencia Española de Meteorología en relación con ese edificio.

“Consenso” para la liberación de los muelles

La condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior, el impulso a la conexión ferroviaria a punta Langosteira, la participación ciudadana en el diseño de la fachada marítima cuando se liberen los muelles urbanos y la titularidad pública de los terrenos portuarios fueron los acuerdos de una moción de Marea, con una enmienda transaccionada por los demás grupos, que aprobó ayer el pleno. El debate, parecido al que han tenido mociones previas relacionadas con el futuro del borde litoral, también aprobadas, coincidió en la necesidad de que las administraciones lleguen a “consensos políticos en beneficio de la ciudad”. El PSOE defendió las propuestas para los muelles planteadas por un estudio de la UDC.