Promoción de viviendas en la calle San Juan. | // VÍCTOR ECHAVE

Alquiler. El plan municipal de vivienda en el que trabaja el Gobierno local para el periodo 2021-2027 enfoca el arrendamiento como uno de sus principales objetivos, como el régimen habitacional que la demanda futura prevista exige promover. El análisis de las necesidades de vivienda que contiene el estudio de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) en el que se apoya el departamento de Urbanismo para diseñar su política de vivienda en los próximos años establece como retos a perseguir la incidencia en el mercado inmobiliario “a través de la protección pública de vivienda y el fomento de la rehabilitación y del alquiler asequible, afianzando su papel dinamizador en el área metropolitana”.

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, señala que el 30% del parque de viviendas de A Coruña es de alquiler y que la demanda de esta clase de pisos es una de las prioritarias que el Concello pretende atender: “Queremos trabajar con Emvsa para darle más impulso a la protección oficial a través de la gestión de suelo y pensando mucho sobre todo en el régimen de alquiler”. Alquilar es lo que proponen también como norte de esa intervención los demás grupos de la Corporación municipal. Y promotores inmobiliarios y constructores de la provincia consideran que los tiempos actuales, condicionados tanto por la situación económica como por la pandemia del coronavirus, piden apostar por viviendas sociales y protegidas a disposición de demandantes jóvenes o con menos recursos en las que puedan vivir alquilados.

En la actualidad, 2.270 personas están inscritas en el registro único de demandantes de vivienda de la Xunta en A Coruña. La inmensa mayoría (1.976) solicita un piso de protección oficial de promoción pública en compra, alquiler o alquiler con derecho a adquisición. Pero la promoción pública de vivienda en el municipio ha sido prácticamente inexistente hasta ahora.

¿Es A Coruña una ciudad con alquileres asequibles? Villoslada estima que hay zonas urbanas en las que la renta mensual que los propietarios de viviendas piden es cara, aunque se compensa con otras áreas más baratas. No es fácil establecer un precio preciso y las oscilaciones del mercado producen variaciones. Según el índice inmobiliario de Fotocasa actualizado en febrero de 2019, el precio del metro cuadrado en la ciudad oscila por distritos entre los 4,08 euros del entorno de Mesoiro y los 8,92 euros del Ensanche y Riazor.

Una estadística más reciente, la del portal especializado Enalquiler.com, establece en 756 euros al mes el precio medio del alquiler en A Coruña en noviembre pasado, un 3% más que hace un año. Según este sitio en internet, la ciudad figura en el puesto 18 en la tabla de precios de alquiler de las capitales de provincia españolas. Nueve puestos más abajo está Pontevedra con 655 euros mensuales; entre ambas ciudades, Vigo con 725 euros.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ofrece otra estadística en la que A Coruña es el municipio de su comarca con los alquileres más elevados, aunque con precios medios más bajos que los que reflejan los datos de los portales especializados. Una vivienda colectiva con 80 metros cuadrados de superficie media exige una cuota mensual de arrendamiento de 490 euros, que sube a 520 euros si la vivienda es unifamiliar y tiene alrededor de 156 metros cuadrados. Estos datos oficiales muestran que alquilar un piso en Oleiros cuesta 461 euros al mes, en Culleredo 420, en Cambre 402 y en Sada 400 euros. Es más barato en Arteixo (390 euros), Bergondo (380), Betanzos (375) y Carral (350 euros).

El Ayuntamiento cuenta con un parque residencial de titularidad municipal de unas 500 viviendas que en el último año y medio, con el mandato socialista, ha crecido “muy poco”, según reconoce Villoslada, “una docena”. A corto plazo, la adquisición de un edificio en el cruce de las calles San Nicolás y Marqués de Pontejos cuando gobernaba Marea Atlántica supondrá un impulso a la promoción inmobiliaria de carácter social, ya que prevé la construcción de pisos de alquiler social cuyo precio rondaría los 313 euros al mes si la superficie es de 60 metros cuadrados. Otro foco importante lo constituirá Xuxán (antiguo ofimático), donde el Concello aprobó en verano la licitación de 70 viviendas de promoción pública, iniciativa incluida en el acuerdo que puso fin al pleito de la obra ilegal del edificio Fenosa.

La política municipal de vivienda apunta a dos líneas de desarrollo urbanístico con las que aspira a satisfacer, de acuerdo a proyecciones e hipótesis demográficas, una demanda estimada de casi 12.000 viviendas en los doce próximos años, según el estudio de Emvsa; el concejal de Urbanismo la rebaja a algo más de 10.000. Esa doble estrategia consiste en la construcción de pisos nuevos y la rehabilitación de viviendas en mal estado.

Con la primera, el Gobierno local reactiva polígonos residenciales que permanecían parados desde hace tiempo o habían visto bloqueado su desarrollo inicial. Villoslada ha señalado repetidas veces que el Concello prefiere “colmatar” las zonas consolidadas de la ciudad para no poner freno a los polígonos en marcha y replantearse las previsiones en los ámbitos que no han iniciado su tramitación, como O Portiño.

Son cuatro en los que a corto y medio plazo quiere intervenir el Ayuntamiento, cifra el edil: Labañou-As Percebeiras, que acaba de recibir la aprobación ambiental simplificada de la Xunta y deberá tener algunas revisiones; Xuxán (antiguo parque ofimático), que deberá iniciar su segunda fase de urbanización para dotar de servicios a los primeros residentes e iniciar después una nueva etapa de edificación; Someso, donde han vuelto a cursarse solicitudes de licencia para bloques residenciales; y San Pedro de Visma, el que admite el mayor número de viviendas en el plan general, unas 3.000, y cuya tramitación está “bastante madura para avanzar”.

En el marco de la segunda estrategia, la rehabilitación, el Concello acaba de abrir una convocatoria de ayudas destinadas a la mejora de la accesibilidad en viviendas con ancianos y personas discapacitadas a través de obras de eficiencia energética en inmuebles. En cambio, la ciudad suma dos años sin nuevas subvenciones para rehabilitar en las áreas declaradas ARI, por lo que las conocidas como Casas de Franco en O Ventorrillo y el grupo de viviendas de María Pita en Labañou esperan por fondos municipales y estatales para sufragar mejoras en sus edificios.

PP, Marea Atlántica y BNG cuando gobernaban o cogobernaban diseñaron sus propios planes de vivienda, que llevaron adelante con distinta suerte; los populares en un mandato en el que se aprobó el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, de 2013. Al Ejecutivo del PSOE demandan ahora estos grupos, además de la concejal no adscrita Isabel Faraldo, políticas de rehabilitación en el parque de vivienda existente, la recuperación de pisos vacíos, el aumento de viviendas municipales y el fomento del alquiler. Todos salvo el PP recelan de los nuevos desarrollos urbanísticos y sospechan que esconden “especulación inmobiliaria” y “pelotazos urbanísticos”.

“Es necesario el compromiso de todas las administraciones, cada una en su ámbito de competencias, para garantizar a todas las personas el acceso a una vivienda que le permita llegar a un nivel de vida adecuado”, apunta el PP, crítico con las iniciativas en materia de vivienda del mandato de Marea. Este grupo reclama una “regulación del alquiler para evitar que la burbuja de precios siga creciendo” y una “mayor implicación del Gobierno municipal en la promoción de viviendas sociales”. El BNG cree “precisa la intervención en el mercado de la vivienda con el foco puesto en el alquiler”, régimen al que vincula la mayor parte de las ayudas de emergencia solicitadas. Faraldo pide “profundizar en la regeneración del parque de vivienda frente al consumo del nuevo suelo” a través de la intervención pública y las ayudas a la rehabilitación.

Los promotores inmobiliarios de la provincia reclaman una “adecuada gestión de la política de suelo” para potenciar la actividad en la ciudad y compensar el aumento de “atractivas” promociones en municipios vecinos como Arteixo y Oleiros que en los últimos años atrajeron a jóvenes clientes que antes vivían en A Coruña. Desde que advierten una “creciente demanda de vivienda”, animan al Concello a promover pisos protegidos en régimen de alquiler. “Además de dejar hacer a la empresa privada, la administración debe hacer un esfuerzo en dotar de más vivienda social para rentas limitadas y sectores desfavorecidos”, considera Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco).

El sector de la construcción advierte “desde hace años” una “fuerte” demanda de vivienda nueva y propone “aprovechar la potencialidad de los ámbitos de suelo aptos de la ciudad” tras “cuatro años nefastos”. “El desarrollo de acciones de vivienda no puede olvidar la satisfacción de demandas sociales para atender las necesidades de las rentas bajas y de los jóvenes que se emancipan y que, en el caso de la ciudad últimamente, han encontrado más soluciones en el área metropolitana que en A Coruña”, destaca Diego Vázquez Reino, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco).

Unos y otros, promotores y constructores, se dirigen a la administración local con el mismo mensaje para reclamar una mayor agilidad en la tramitación de procesos para no retrasar su puesta en marcha. “Hace falta una mayor eficiencia burocrática y procedimientos más simples. No pueden pasar tantos meses para tener una licencia de primera ocupación”, dice Reino. Villoslada admite pérdida de recursos técnicos y escasez de efectivos en su área en los últimos años, aunque anticipa trámites más ágiles al haber acordado con los sectores instrucciones de criterios de interpretación de parámetros “confusos o difusos” en el PGOM y en el plan de protección del casco histórico.

Los arquitectos coruñeses lamentan que el mercado de vivienda pública “no se haya trabajado decididamente”. El presidente de la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Roberto Costas, lamenta que la rehabilitación esté “muy verde” y que no haya tenido repercusión en la ciudad el programa Rexurbe de la Xunta, de compra de edificios en mal estado. “Veo dejada la intervención en vivienda social, lo que genera desigualdades, y no sé hasta qué punto el Concello puede intervenir en el mercado, que es lo que manda. A veces nos preocupamos demasiado por paseos marítimos y por peatonalizaciones y nos olvidamos del patrimonio construido”, opina Costas.

El colectivo de arquitectos Ergosfera propone un cambio de fórmulas que entierre la “lentitud e ineficacia” que se le atribuyen a las políticas de rehabilitación; cuestiona el desarrollo de nuevos suelos en zonas de alta densidad de población; y demanda una ley que fije unos máximos para los alquileres. “Se acaba de aprobar en Cataluña. ¿Por qué el Concello de A Coruña no está liderando, como hizo el de Barcelona en Cataluña, la exigencia a la Xunta para avanzar en ese camino?”, se pregunta el arquitecto Iago Carro.

Desde el ámbito académico, el mensaje a las administraciones, y por tanto al Ayuntamiento, ahonda en la condición “respetuosa” de la política de vivienda “con la memoria de la ciudad, el medio ambiente y especialmente los derechos de las personas”. Plácido Lizancos, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, recalca que “construir vivienda es construir ciudad”, una intervención que ejerce de “motor económico” en términos de bienestar, fijación de la población y generación de oportunidades, por lo que alerta de la “perversión” de la política de vivienda “cuando el Estado (la administración, por tanto) pierde el control y cede la iniciativa a otros actores”.

Juan Díaz Villoslada - Edil de Urbanismo: "Trabajaremos con Emvsa para dar más impulso a la protección"

La demanda de 12.000 viviendas en los próximos doce años que calcula Emvsa la rebaja el concejal de Urbanismo a unos 10.000. ¿Cómo atenderla? En el corto plazo con rehabilitaciones y desarrollos de suelo para edificar, como Someso, Xuxán, Labañou o San Pedro de Visma. “Queremos trabajar con Emvsa para darle más impulso a la protección oficial a través de la gestión de suelo y pensando mucho sobre todo en el régimen de alquiler. Los 10.000 pisos que hagan falta serán vivienda nueva y también rehabilitada”, destaca Juan Díaz Villoslada.

Rosa Gallego - Portavoz del PP: "Sin compromiso público no se garantiza el acceso a una vivienda"

El grupo municipal del PP lamenta “el fracaso” del plan del Gobierno local anterior de compra de vivienda, además del “bloqueo a las subvenciones para rehabilitar y a las licencias para vivienda nueva”. Del actual Ejecutivo espera colaboración con otras administraciones. “Consideramos necesario el compromiso de todas las administraciones públicas, cada una en su ámbito competencial, para garantizar a todas las personas el acceso a una vivienda que le permita llegar a un nivel de vida adecuado”, incide la portavoz del PP, Rosa Gallego.

María García - Portavoz de Marea: "Hay que proteger el derecho a un techo, no fomentar la especulación"

“La regulación del alquiler para evitar que la burbuja de precios siga creciendo, la puesta a disposición de vivienda pública y el fomento de políticas de rehabilitación de las viviendas existentes”. En estas líneas resume María García, portavoz municipal de Marea Atlántica, la política de vivienda que espera que desarrolle el Gobierno local, que lamenta que las proyecciones demográficas se usen para demandar vivienda pero no aumentar servicios. “Hay que proteger el derecho a un techo antes que fomentar la especulación inmobiliaria”.

Avia Veira - Concejal del BNG: "Se debe poner el énfasis en la rehabilitación del parque existente"

El BNG en la Corporación municipal es partidario del aumento del parque público de vivienda, tanto en construcción, como rehabilitando o captando vivienda para alquiler. “Creemos que se debe poner énfasis en la rehabilitación del parque inmoboliario existente. Hay que garantizar que la vivienda que se alquile esté en condiciones dignas de habitabilidad y que no haya abusos por parte de los propietarios”, propone Avia Veira, edil nacionalista, que insiste en que “es precisa la intervención del Concello en el mercado de la vivienda”.

Isabel Faraldo - Concejal no adscrita: "Es imprescindible la intervención pública con ayudas para regenerar"

Como Marea, la edil no adscrita Isabel Faraldo sospecha de las operaciones inmobiliarias vinculadas a desarrollos de suelo con la creación de polígonos residenciales. En sintonía con los nacionalistas, demanda “una intervención pública en vivienda a través de subvenciones a la rehabilitación y nuevas convocatorias”. “Para garantizar una vivienda digna es necesario aumentar el exiguo parque de pisos municipal, así como regular los alquileres o prohibir los desahucios, en lo que está trabajando el Gobierno estatal de coalición”, señala Faraldo.

Juan José Yáñeza - Promotores: "Hoy hay que apostar por la vivienda social y alquilada"

Los promotores inmobiliarios de la provincia creen que la demanda prevista de 12.000 viviendas en la ciudad para 2033 que estima el Concello a través de Emvsa se corresponde con la que advierten en los últimos años. “Para las rentas limitadas hay que ampliar la dotación de pisos de alquiler, apostar por la vivienda social. En la demanda de hoy hay un poco de todo y se piden más viviendas unifamiliares o con balcones y terrazas. También se vende la que se tiene para construir una mejor”, señala el secretario general de Aproinco, Juan José Yáñez.

Diego Vázquez Reino - Constructores: "Debe mejorar la tramitación burocrática con procesos ágiles"

“La administración local tiene que ser más ágil en la tramitación burocrática de licencias, no se puede estar esperando meses para obtener el permiso de primera ocupación”, recomienda el presidente de los constructores asociados en Apecco. Tras criticar las “limitaciones” a la edificación del anterior mandato, Diego Vázquez Reino apuesta por desarrollar grandes ámbitos de suelo urbano por “una necesidad de vivienda nueva de hace años”, sin olvidar las rehabilitaciones en zonas como la Ciudad Vieja o con infraviviendas.

Roberto Costas - COAG: "La rehabilitación está muy verde y la vivienda pública se trabaja poco"

El presidente de la delegación coruñesa del Colegio Gallego de Arquitectos, Roberto Costas, advierte pocos avances en materia de rehabilitación y vivienda social en la ciudad: “Se trabaja poco y debe ser objeto de mayor impulso político, de lo contrario la ciudad es menos igualitaria y seguirán marchándose habitantes a otros concellos. La rehabilitación la veo muy verde. Pescadería es una buena zona para intervenir, pero quizá no se difundió bien el plan Rexurbe de la Xunta”. Costas defiende el “patrimonio construido” y dice que “hay mucho por recorrer”.

Plácido Lizancos - "La política de vivienda ha de respetar la memoria urbana"

El director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Plácido Lizancos, defiende la construcción como motor económico e identidad de una ciudad, al tiempo que alerta de “perversiones” como la gentrificación si no se apuesta por medidas igualitarias: “Debemos apostar por una política de vivienda respetuosa con la memoria de la ciudad, con el medio ambiente y especialmente con los derechos de las personas, que no deje a ningún ciudadano atrás por razones de género, condición física, edad, procedencia geográfica y capacidad económica”.

Iago Carro - Ergosfera: "Si el apoyo a la rehabilitación es ineficaz, hay que cambiar fórmulas "

Iago Carro, del colectivo de arquitectos Ergosfera, duda de las proyecciones demográficas municipales y de las expectativas de demanda residencial: “Se ha incrementado el parque residencial mientras que la población no ha crecido en absoluto y los precios de la vivienda en propiedad o en alquiler se han disparado, comprometiendo completamente el derecho a una vivienda digna para muchísimas personas”. El arquitecto ve “lentas e ineficaces” las políticas de apoyo a la rehabilitación, por lo que propone “cambiar las fórmulas usadas”.