Avanza el procedimiento para que se ejecuten las obras de dragado de la ría de O Burgo, pero las compensaciones que los mariscadores exigen para paliar las pérdidas de los más de dos años en los que no podrán faenar sigue sin resolver. El portavoz de la Asociación de Mariscadores a Pé de la Cofradía de Pescadores, Manuel Baldomir, propuso ayer que Xunta y Estado, que mantienen posturas encontradas sobre la financiación del plan social, resuelvan este escollo de la misma manera que lo hicieron cuando sus posiciones eran irreconciliables al respecto de la disponibilidad de los terrenos: con una reunión entre los letrados de la Abogacía del Estado y los servicios jurídicos de la Consellería do Mar. Y es que, una vez que empiecen las obras, los mariscadores no podrán faenar en A Pasaxe ya que la Consellería do Mar suspenderá sus concesiones.
El Estado explica que es la Xunta quien tiene transferidas las competencias del marisqueo y que es por ello por lo que debe hacerse cargo de las compensaciones a los afectados por la regeneración.
El Ministerio para la Transición Ecológica defiende también que, gracias a la ejecución del dragado y del saneamiento del estuario, que cuenta con una partida consignada en los presupuestos de este año de 20 millones de euros, este sector será uno de los más beneficiados, ya que se recuperará gran parte de la fertilidad perdida de la ría por el avance de los lodos y el marisco que extraigan en el futuro será más abundante y de mejor calidad.
La Consellería do Mar, sin embargo, se enroca en que el Estado, como promotor de la obra, es quien debe compensar a los afectados. A preguntas de este diario, afeó ayer al Ministerio para la Transición Ecológica que, en la redacción final del proyecto, hubiese tenido en cuenta “demandas de mejora de zonas verdes, que implican incluso incrementos presupuestarios” y que rechazase las de las compensaciones a los mariscadores. En las alegaciones, Demarcación de Costas, tal y como reiteró ayer Losada, explica que las competencias sobre este tema son de la Xunta. De hecho, en enero de 2019, el Gobierno gallego propuso pagar el 10% de un plan social que fuese cofinanciado también por los concellos y otras administraciones, aunque esa idea no fructificó.
“Es el partido de tenis de siempre, pero vamos a seguir peleando por las ayudas. Si es responsabilidad de la Xunta, que el Estado obligue a la Consellería a encontrar una solución, ya que es quien le transfirió las competencias”, explicaba ayer Baldomir, que criticaba que la Consellería do Mar no aceptase ninguna de sus solicitudes de reunión.
La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, que llevó la problemática de la ría de O Burgo a Bruselas en varias ocasiones —en 2013, incluso una delegación de la Comisión de Peticiones viajó para ver el estuario y emitir un informe sobre su contaminación— exigió ayer celeridad en la resolución de las ayudas para que los mariscadores tengan seguridad económica en los años en los que no podrán faenar. Y alertó de que la denuncia abierta en Europa todavía no se ha cerrado y que seguirá así hasta que el estuario esté saneado. También el diputado nacionalista, Néstor Rego, recordó ayer que la licitación de esta obra era uno de los puntos incluidos en el acuerdo de la formación con el PSOE para dar su voto afirmativo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y su homólogo de Culleredo, José Ramón Riobóo. manifestaron ayer su alegría al conocer que el dragado de la ría de O Burgo daba un paso más hacia su ejecución tras tantos años de reivindicaciones.
