El sellado del vertedero de residuos no reciclables de la planta de tratamiento de Nostián, pendiente desde el año 2007, contará en breve con la licencia municipal para el inicio de las obras, ya que el Concello, al que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó en marzo de 2019 que acometiera su aprobación en el plazo de tres meses, espera solo a recibir cuatro informes de otros tantos organismos para dar el visto bueno al proyecto.
Una vez que el departamento municipal de Urbanismo concluya los trámites, el Gobierno local enviará el documento a Albada, la concesionaria de la planta, para que ponga en marcha el proyecto y se haga cargo de su coste, estimado en casi 3,5 millones de euros. Pero la propia Concejalía de Medio Ambiente no descarta que, catorce años después que la colmatación del vertedero, la empresa se niegue a asumir esas tareas y su financiación, ya que lo ha hecho desde el primer momento y, al ser consultada por este periódico, aseguró desconocer cualquier aspecto relacionado con el proyecto que ultima el Concello.
“La sentencia decía que el Concello tenía que redactar el proyecto y Albada ejecutarlo”, comenta sobre este asunto la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, para quien “se entiende que si tiene que ejecutarlo tiene que correr con los costes”. La responsable del departamento advierte además de que si Albada se niega a ejecutar el proyecto “estará incumpliendo la sentencia” y que “mientras esté al frente de la planta” está obligada a asumir ese trabajo.
Pero el fallo judicial de 2019 tan solo se pronuncia sobre a quién le correspondía la elaboración del proyecto de sellado, ya que ese era el asunto sobre el que Concello y Albada discrepaban. Por lo tanto, en la sentencia no se detalla quién es el responsable de llevar a cabo los trabajos y de costearlos, una cuestión sobre la que el Gobierno local de Marea Atlántica ya consideró que debía ser asumida por la empresa y sobre la que el Ejecutivo socialista mantiene la misma postura, aunque Albada manifestó tras el fallo judicial de 2019 que es el Concello el que tiene que hacerse cargo.
“Ya veremos lo que dice la Justicia al respecto si reclaman”, comenta Esther Fontán sobre la posibilidad de que la compañía se niegue a sellar el vertedero y acuda a los tribunales. La concejala recuerda que desde la apertura de la planta hace ya más de veinte años Albada ha llevado a los tribunales todas las discrepancias que mantuvo con el Concello. “Hemos tenido contenciosos con ellos continuamente y los han perdido todos”, destaca Fontán, quien reprocha a la empresa su “decisión de Albada de judicializarlo todo”.
La situación es aún más compleja porque Albada gestiona ahora la planta de basuras de forma provisional tras haber concluido el contrato de la concesión el 31 de diciembre de 2019. Está obligada a mantenerse al frente del complejo hasta que se adjudique el nuevo contrato, pero el Concello todavía no ha terminado los pliegos de condiciones que regirán el concurso para dotar a la instalación de un nuevo concesionario que, además, por sus características técnicas y la cuantía económica, en torno a los 250 millones de euros, tendrá una licitación larga.
Apenas comenzada la actividad de la planta, en el año 2001 Albada ya llenó el primer vaso del vertedero de residuos, de 183.500 metros cúbicos de capacidad. En septiembre de 2002 ya se había rellenado el segundo, de 207.902 metros cúbicos, y que quedó sin sellar por lo que la concesionaria construyó un tercero de 800.000 metros cúbicos que completó en julio de 2007 y que también espera por su sellado.
Desde entonces, Albada defiende que esa actuación es responsabilidad del Concello por ser el propietario de la planta, aunque la Xunta rechazó esa argumentación e incluso llegó a imponer a la empresa una sanción de 60.000 euros por incumplir su deber. La compañía había elaborado en 2011 un proyecto para sellar el vertedero, pero fue rechazado por el Concello porque su redacción implicaba que sería financiado con fondos municipales.
La situación de provisionalidad en la que desarrolla su actividad la planta, a la espera de que se convoque y resuelva el concurso para dotarla de un nuevo gestor, es vivida con intranquilidad por los trabajadores, cuyos representantes sindicales llevan a cabo en las últimas semanas encuentros con los grupos políticos municipales para exponerles la situación en la que se encuentran las instalaciones.
Según el comité de empresa, la falta de mantenimiento del complejo de Nostián deriva en problemas de seguridad para los empleados, quienes además señalan que desconocen cuál será el modelo de tratamiento de los residuos que el nuevo contrato pretende implantar. También alertan de que el desfase tecnológico de la planta impide una mejor eficacia en el reciclaje, lo que deriva en una mayor generación de residuos rechazados que deben ser enviados a vertederos e incrementan los costes de funcionamiento.
BNG y Marea Atlántica, grupos con los que por el momento se han entrevistado los sindicalistas, reclaman que la licitación del nuevo contrato se abra cuanto antes. El Gobierno local justifica la demora en la apertura del concurso en la necesidad de adaptar los pliegos de condiciones que lo regirán a los cambios recientemente introducidos en la normativa europea y no da una fecha para la puesta en marcha de la licitación.
