El grupo Pelícano, que es propietario de ocho locales de ocio nocturno en la ciudad —la sala Pelícano, Amura, Inn, Dux, My, Moom, Brit y Playa Club— fue beneficiario del 11,6% de las ayudas que la Xunta destinó a finales del año pasado a pagar los alquileres de los negocios del sector en Galicia que se vieron obligados a paralizar su actividad para frenar los contagios de coronavirus el pasado 14 de marzo.
De los 770.000 euros que repartió finalmente, aunque la partida reservada inicialmente superaba los dos millones de euros, los negocios del conglomerado Pelícano se llevaron 90.000, uno de cada diez euros. Las ayudas de la Xunta comprendían cuatro tramos, según el precio mensual del alquiler de los locales, había ayudas de 2.500 euros, las que se llevaron más de 200 locales de toda Galicia; de 5.000 euros, que llegaron a 16 negocios; de 10.000, que se concedieron a cuatro locales y de 20.000, que se otorgaron solo a cinco locales y todos, menos uno, de A Coruña y del Grupo Pelícano: estas ayudas fueron concedidas a El Pelícano, el Amura, Dux, y Ola Green —ahora Moom—, según consta en la publicación del Documento Oficial de Galicia.
El grupo Pelícano tiene un peso en el sector de la ciudad —en cuanto a facturación— del 70%, según explicó ayer Luis Diz, copropietario del conglomerado de locales, que considera que estas subvenciones no suponen una verdadera ayuda al sector, toda vez que, el alquiler de la sala Pelícano, por ejemplo, tiene un precio mensual superior a los 20.000 euros concedidos.
En la lista de beneficiarios de las ayudas, hay, al menos, 32 negocios con sede en la ciudad, desde la Mardi Gras, al Jazz Filloa, Garibaldi o El Antiguo, la mayoría con aportaciones de 2.500 euros.
Diz, que representa también a la plataforma Galicia de Noite, que tiene locales de ocio provincias de en las cuatro provincias —y representa a más del 60% de los locales del sector en toda Galicia— solicita a la Xunta que ponga a disposición de este sector los 1,43 millones de euros que no se han ejecutado de la primera convocatoria.
“Pedimos un plan para hibernar el sector, con un plan de rescate real, que nos permita no pagar los alquileres ni lo impuestos durante el tiempo que no se no permita retomar su actividad”, dice Diz.
Se quejan también de que las entidades financieras siguen sin aplicar la ampliación de la moratoria del pago de los créditos ICO, a falta de dos meses para el vencimiento de su pago y después de que, el pasado 20 de noviembre, el Gobierno central aprobase la ampliación de los plazos para hacer frente a la devolución. Consideran que no les están poniendo fácil desde ninguna Administración aguantar con los negocios cerrados.
