¿Puede ser el 23 de febrero de este año el Día-D para el futuro del puerto de A Coruña? En esa fecha se reunirán en la ciudad, convocados por la alcaldesa, Inés Rey, representantes del Ayuntamiento, Xunta, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria, Diputación, Adif y Ministerio de Transportes con el fin de buscar soluciones a los problemas a los que se enfrenta la dársena coruñesa. Todos saben que el próximo martes no se resolverán esas cuestiones, pero la necesidad de encontrar de forma rápida salidas a algunas de ellas y las circunstancias en las que se desarrollará el encuentro hacen que todas las partes concedan a la cita una especial relevancia, aunque tienen por delante un intenso trabajo para hacer frente a retos que se detallan a continuación.
- La deuda. Para pagar las obras del puerto exterior, la Autoridad Portuaria de A Coruña suscribió un crédito con el Banco Europeo de Inversiones de 130 millones, de los que ya amortizó 29, y otro con Puertos del Estado de 200 millones del que solo pagó intereses por ahora, aunque debe comenzar a amortizarlo este año. Los costes financieros que deberá soportar el Puerto serán de unos 4 millones al año, lo que equivale a sus ingresos, por lo que la situación será insostenible si no se adopta una solución. Los convenios firmados entre Estado, Xunta y Concello en 2004 preveían financiar la dársena de punta Langosteira mediante la venta de los muelles que queden liberados en la ciudad, pero ni el mercado inmobiliario es el de entonces ni la opinión pública acepta ahora esa fórmula. Tras años de diferencias entre las fuerzas políticas, ahora hay consenso sobre que esa ingente deuda debe ser asumida por el Estado, pero el Gobierno central se muestra remiso y argumenta que esa vía es ilegal. Pero la condonación de 420 millones efectuada al Puerto de Valencia demuestra que ese reparo es tan solo una excusa, por lo que en la reunión del martes las administraciones coruñesas y gallega reclamarán que se aplique esa misma solución. El informe encargado por el Ayuntamiento a la Universidade da Coruña sobre el futuro del puerto revela una alternativa que plantea el Gobierno local y que pasaría por que el Estado asumiera 150 millones de la deuda de inmediato y que Ayuntamiento, Xunta y Diputación financiaran otros 50 millones en el plazo de treinta años. Pero la alcaldesa, Inés Rey, concede absoluta prioridad a la vía de la condonación, que cuenta con el respaldo unánime del pleno coruñés y del Gobierno gallego.
- El ferrocarril. Nueve años después de la llegada del primer buque, el puerto exterior carece toda vía de enlace ferroviario, a pesar de que buena parte de las mercancías que allí se mueven precisan de este medio de transporte. El proyecto para construir la línea ya está terminado y su coste se estima en 140 millones, pero Adif se niega a financiarlo al entender que es responsabilidad de la Autoridad Portuaria, cuyos recursos son insuficientes para asumir esa cantidad. En 2018 la Xunta promovió un acuerdo con el entonces Ministerio de Fomento y Puertos del Estado que incluyó el compromiso de financiar las obras, pero el cambio de gobierno dejó ese pacto en el olvido. Adif, cuya economía está maltrecha, se escuda además en que es necesario buscar una nueva salida ferroviaria hacia el sur desde Langosteira, lo que el Puerto ve como secundario, pero no pone reparos a costear el enlace por tren de los muelles de Castellón.
- La Batería y Calvo Sotelo. Los muelles más céntricos de la ciudad dejarán en breve de tener actividad portuaria, ya que tan solo queda en el segundo de ellos. Los convenios de 2004 preveían destinar estos espacios a usos comerciales, administrativos y hoteleros, lo que en plena burbuja inmobiliaria despertó los apetitos del sector debido a la posición privilegiada de los terrenos. Pero hoy todos los partidos coruñeses defienden que se mantenga el carácter público de ambos muelles y que se dediquen a corregir las carencias de espacio para la ciudadanía que existen en el centro. El protocolo de 2018 promovido por la Xunta incluía que esta administración abonase 20 millones para hacerse con el 51% de la propiedad de estos muelles, pero el rechazo del Concello y la salida del PP de La Moncloa dieron al traste con la iniciativa, que el Gobierno gallego insiste ahora en que sigue siendo válida. La Autoridad Portuaria anunció ya la inminente apertura al público de la Batería, además del de Trasatlánticos, y del de Calvo Sotelo para el próximo año. Aunque el Concello plantea aplicar las propuestas que figuran en el estudio encargado a la Universidade, el Puerto opta por elaborar un nuevo plan entre todos los implicados en el futuro de los muelles, a lo que se suma la protesta de los sectores económicos que ahora operan en la dársena por no haber sido consultados acerca de las iniciativas que pretenden desarrollarse en la zona, como las referidas a la actividad de los cruceros o la pesca. También debe determinarse, una vez que ambos muelles queden desafectados de la actividad portuaria, a qué administración pertenecerán, ya que se desconoce si el Puerto pretende que sigan siendo de su propiedad o admitirá su cesión al Concello o a un consorcio público que se encargue de su gestión.
- San Diego. En los convenios firmados en 2004 este muelle era el plato fuerte de la operación inmobiliaria que se había diseñado, no por su posición en la ciudad, sino por los 398.268 metros cuadrados de edificabilidad que se le concedieron y que aún recoge el plan general de la ciudad, lo que permitiría construir miles de viviendas. Con el rechazo actual a financiar el puerto exterior con la venta de estos terrenos, surgen las discrepancias sobre a qué destinar esta amplia superficie, que además comprende la estación de mercancías de Adif. La propuesta del Concello plasmada en el informe universitario defiende conservar la actividad industrial actual en el muelle y transformar la terminal ferroviaria en una de cercanías y un parque con un edificio multiusos. Pero el Puerto considera que debe analizarse la posibilidad de conservar la estación de mercancías y que debe garantizarse la continuidad de las empresas ligadas a la transformación de los productos pesqueros. Adif, que había previsto trasladar la estación a la zona de Vío, se mantiene por ahora en silencio y no desvela sus planes para San Diego, donde los acuerdos de 2004 le permitían obtener considerables ingresos por la venta de sus terrenos.
- Puerto petrolero. La concesión de Repsol en este muelle concluye en 2027, pero la empresa acordó con el Puerto trasladar sus instalaciones a Langosteira antes de esa fecha. La primera parte debía estar en funcionamiento en el puerto exterior en 2018, pero todavía se desconoce cuándo podrá operar allí y para el resto ni siquiera hay perspectivas. Este muelle formaba en 2004 parte de la operación de San Diego y el Concello plantea ahora que sea el único terreno portuario en el que se puedan construir viviendas, aunque esta iniciativa cuenta con el rechazo de Marea Atlántica, que defiende la permanencia de todos los suelos liberados en manos públicas. La Autoridad Portuaria no se ha pronunciado acerca del destino de estos terrenos, que además continuarán ocupados por Repsol hasta que se produzca el traslado de todas sus instalaciones. Una vez que la compañía los abandone, deberán ser sometidos a un proceso de descontaminación al haber estado dedicados a uso industrial durante más de sesenta años.
- La Solana. El complejo deportivo asentado sobre suelo portuario iba a ser subastado en el año 2017 junto con el hotel Finisterre para reducir la deuda del Puerto, pero la oferta lanzada por el Gobierno local de Marea Atlántica para adquirirlo de forma directa por 1,3 millones frenó el proceso, ya que la Autoridad Portuaria se negó a aceptar esa fórmula. El protocolo firmado un año después a instancias de la Xunta sobre los terrenos portuarios defendía que continuase como suelo público, aunque con la permanencia de la empresa que explota el recinto hasta 2027. El Concello, que modificó el plan general para que ese lugar recuperase su condición de espacio dotacional público, se opone a expropiarlo por el momento y el informe de la Universidade cita esos terrenos como patrimonio de la Autoridad Portuaria, lo que revela que el actual Gobierno local no tiene intención de hacerse con ellos a corto plazo.
- El ente gestor. ¿Quién debe encargarse de la dirección del proceso para reconvertir los muelles? Consorcio, sociedad anónima y sociedad instrumental son algunas de las fórmulas sugeridas para poner en marcha este ambicioso proyecto, en el que todas las administraciones reclaman estar presentes ante los intereses que están en juego. La Autoridad Portuaria y la Xunta defienden que una delegación especial del consejo de administración del Puerto inicie ahora las conversaciones debido a que en su seno están representadas las instituciones local, estatal y autonómica. Pero los colectivos sociales y políticos reclaman también que se dé participación real a la ciudadanía en la planificación, ya que las transformaciones que se acometan tendrán una trascendencia decisiva para A Coruña.
