Las cuatro administraciones se reunirán mañana en A Coruña deberían tener en principio objetivos comunes sobre el futuro del puerto, ya que como gestores de lo público tendrían regirse por la búsqueda del bien común al margen de las disputas políticas. Pero la realidad es que entre Concello, Xunta, Diputación y Gobierno central se presentan al encuentro con intereses contrapuestos en algunos casos, como lo reflejan los desencuentros que se han producido entre sus dirigentes en los últimos años acerca de las principales cuestiones que se debatirán: la deuda de la Autoridad Portuaria, la financiación de la conexión ferroviaria del puerto exterior y la reordenación de los muelles interiores que queden liberados.

Y las diferencias han variado, además, a lo largo del tiempo en función de qué partido ocupase la institución, de forma que las posiciones sobre estos problemas han experimentado una transformación radical al producirse cambios tras unas elecciones.

De todas las cuestiones que se abordarán en la cumbre convocada por el Concello, la solución al problema financiero de la Autoridad Portuaria es el más acuciante, ya que el organismo tendrá que hacer frente este mismo año a las amortizaciones del crédito de 200 millones que le concedió Puertos del Estado para costear las obras de punta Langosteira. El pago de esas cantidades, sumadas a las del crédito del Banco Europeo de Inversiones, asfixiarían las arcas del Puerto, que se vería imposibilitado de acometer inversiones.

Tanto la Autoridad Portuaria como la Xunta, que designa a su presidente, defienden la búsqueda de una solución que evite ese bloqueo económico, con la condonación de la deuda como fórmula preferente. Pero esta posición es relativamente reciente, ya que el anterior presidente del Puerto, Enrique Losada, manifestó en numerosas ocasiones que el perdón de los 200 millones no era posible y solo cuando vio que el Partido Popular varió su postura sobre esta cuestión moduló su discurso acerca de ella. La misma Xunta promovió en 2018 un protocolo en el que se mostraba dispuesta a aportar hasta 30 millones de euros para financiar la deuda a cambio de hacerse con parte de la propiedad de los muelles liberados.

La llegada de Marea Atlántica al Gobierno local marcó un punto de inflexión en el Concello sobre el posicionamiento municipal en torno a la deuda, ya que esa formación defendió desde el primer momento el rechazo a que la Autoridad Portuaria asumiese en solitario el pago de las amortizaciones. La exclusión de la administración municipal del protocolo suscrito en 2018 y la posterior negativa del Ejecutivo local a sumarse al mismo puso de relieve las grandes diferencias que existían entonces con el Gobierno gallego acerca de cómo resolver este asunto.

El triunfo electoral del PSOE en las municipales coruñesas no supuso cambios en la línea que había iniciado Marea y el pleno acabó por pronunciarse de forma unánime a favor de la condonación al sumar al PP a esta postura. En el Gobierno central también hubo cambios a causa de los resultados electorales, pero su actitud con relación a la deuda siempre fue la misma, reticencia a la flexibilidad con el caso coruñés tanto con PP como con PSOE, a pesar de que este último partido no tuvo reparo en condonar los 420 millones que debía el Puerto de Valencia.

La Diputación se pronunció también a favor de la condonación de la deuda, pero su papel en todo lo relacionado con el puerto es secundario, ya que tan solo se reclama su participación ante la necesidad de encontrar más respaldo financiero para resolver los problemas existentes. De hecho, la propuesta incluida por el Gobierno local en el informe que encargó a la Universidade sobre el puerto incluye la posibilidad de que el organismo provincial contribuya a costear la deuda junto con Concello, Xunta y Estado.

El ferrocarril al puerto exterior genera un mayor consenso entre las administraciones, ya que la local, la autonómica y la provincial coinciden en que debe ser el Estado el responsable de costear la conexión con Langosteira. Adif y Puertos del Estado mantienen que es la Autoridad Portuaria la que debe asumir esa financiación, aunque los fondos que llegarán de la Unión Europea a causa de la pandemia pueden suponer un cambio de actitud de estos organismos. Para el PP, el protocolo firmado en 2018 que incluía el compromiso estatal de hacerse cargo de esa obra sigue vigente, aunque no llegó a plasmarse en un convenio y el Gobierno central lo obvió desde la llegada de los socialistas a La Moncloa.

La urbanización de los muelles que se desafecten también suscita discrepancias entre las partes. La administración central sigue considerando válidos los acuerdos de 2004 que preveían financiar el puerto exterior mediante la venta de terrenos portuarios en la ciudad. Esa fórmula, que en el pasado habría reportado importantes recursos para reducir la deuda que ahora se verían seriamente menguados, ya es descartada por todas las fuerzas políticas del Concello, mientras que la Xunta insiste en que su propuesta de adquirir parte de los muelles se mantiene en pie. Si bien tanto los grupos municipales como el Gobierno gallego defienden que los muelles de la Batería y Calvo Sotelo permanezcan como suelo público, las diferencias surgen cuando se aborda el futuro de San Diego, cuyo suelo no quedará libre hasta 2027.

Ese plazo fue el argumento empleado en 2018 por Alberto Núñez Feijóo para aclarar qué planes tiene la Xunta para ese espacio, en el que tanto los convenios de 2004 como el plan general prevén la construcción de miles de viviendas. Adif, que posee en la zona una estación de mercancías, preveía también la venta de ese suelo, pero el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, defiende ahora repensar si es conveniente la desaparición de la terminal.

La posibilidad de edificar en los terrenos de San Diego provoca además tensiones en el seno de la Corporación local, ya que mientras que el PSOE lo ve viable en el puerto petrolero con vistas a la integración urbana de esos terrenos, Marea Atlántica, BNG y la concejala no adscrita Isabel Faraldo lo rechazan por defensa de la titularidad pública de los terrenos portuarios. Los altos costes que tendrá la urbanización de esos espacios y la previsión de que se instalen en ellos equipamientos metropolitanos conferirán a la Diputación un papel relevante en su remodelación.