“Con esto me enfrenté yo a la pandemia”, dice Trinidad Palacios y, de su bandolera negra saca un mandilón gris, de los que se atan a los lados. “Tengo uno. Ni dos ni tres”, dice esta trabajadora del servicio de ayuda a domicilio del Concello de A Coruña que, ayer, presentó con la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, y la concejala nacionalista Avia Veira, la denuncia que Miranda llevará ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo para que Bruselas inicie una investigación sobre las condiciones precarias de las trabajadoras de este servicio en Galicia.

Los denunciados son la Xunta, por sus competencias en la contratación del servicio, y el Estado, para que las considere integrantes del “sector sanitario” y como un servicio esencial de “alto riesgo”.

Miranda adelantó ayer que, tal y como hizo con otros sectores, como los mariscadores de la ría de O Burgo o con las víctimas del Alvia, su intención es que las trabajadoras puedan ir a Bruselas para explicar su situación en el Parlamento europeo y, que sean ellas quienes, en primera persona, relaten su día a día a los eurodiputados para que, de ese modo, puedan tomar medidas y forzar al Estado y a la Xunta a cambiar el modelo actual del servicio a domicilio, que se presta a través de empresas privadas.

“Somos trabajadoras pobres y seremos jubiladas más pobres todavía y con problemas físicos”, sentenció ayer Trinidad Palacios, como portavoz de todas las integrantes de la plataforma SAF Galicia, ya que, a pesar de que su trabajo es físico y mueven personas “de ochenta y noventa kilos a pulso” no tienen reconocidas enfermedades profesionales derivadas de su actividad. Esta es solo una de sus quejas, a la que se unen muchas más, como la carencia de medios que les faciliten el trabajo, que no llegan al salario mínimo, que es “casi imposible” llegar a ser indefinidas porque encadenan contratos por horas y por obra y que, cada día, tienen que “luchar por derechos ya adquiridos”, como unos minutos de descanso tras seis horas de jornada.

Las trabajadoras se quejan también de que, durante la pandemia, no se les proporcionó material sanitario adecuado para evitar contagiar y contagiarse y de que no existen protocolos que homogeneicen su situación, ya que dependen de las empresas adjudicatarias de estos programas. “Nosotras en A Coruña tuvimos suerte, pero otras compañeras, no”, en referencia a la calidad de los guantes y las mascarillas que les proporcionaron y que se rompían sistemáticamente o que, pasado el desabastecimiento inicial, siguen siendo escasos, como “una mascarilla FFP2 cada dos semanas”, denunció ayer Palacios, que explicó, además, que las concesionarias hacen ofertas “a la baja” para conseguir ganar los contratos —sufragados por la Xunta, que recibe una transferencia del Estado, por los Concellos y por las propias familias— y que consiguen esos precios a costa de las trabajadoras, por ejemplo, reduciendo al mínimo el tiempo de desplazamiento o no proporcionándoles un medio de transporte, incluso en el rural, donde tienen que hacer “hasta 40 kilómetros” al día.

“A nosotras nos tratan como máquinas y a los dependientes, como muebles”, resumió Palacios. toda vez que las empresas no les informan de qué se van a encontrar cuando van a un servicio nuevo ni a los usuarios —a menudo personas con demencia— de quién irá a su casa ese día. Eso deriva en episodios de violencia. “Tienes que aguantar que te reciban a bastonazos, porque no te conocen y piensan que vas a robar”, relata Palacios, sobre su día a día. Un día a día que se paga aproximadamente a seis euros la hora y tiene una base de cotización muy baja. Así que, hay compañeras que trabajan 17 horas a la semana por 400 euros, y con horarios incompatibles con otros empleos.

“Existe un claro y sistemático incumplimiento de la normativa europea, agravado durante la pandemia”, sobre todo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, denunció ayer Miranda y reivindicó la labor sanitaria que realizan estas trabajadoras y que no es reconocida como tal, por lo que no han entrado en los grupos prioritarios de vacunación.

Otra de las demandas de SAF Galicia es que se municipalice el servicio, para poder tener unas mejores condiciones laborales y se quejan de que no existe un protocolo de actuación, por ejemplo, cuando sufren acoso sexual de los usuarios o, incluso, de sus familiares.