La empresaria coruñesa G. N. S., detenida en Zamora en el marco de la operación Rampa, declaró esta mañana ante la jueza que investiga el caso que el jefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Alberto Vega, le adjudicó 15 contratos menores de forma directa, de entre 3.000 y 5.000 euros, tras lo que ella cobraría 500 euros y, al parecer, el jefe de Jardines una cantidad que la acusada , queha reconocido todos los hechos para eludir la prisión, no precisó. El funcionario sería el encargado de llamar directamente a la mujer para anunciarle la adjudicación de las obras.

Vega contrataría obras menores a la empresa coruñesa y se repartiría comisiones, "mordidas", con la responsable de la misma, según ha admitido la mujer, detenida en la operación emprendida por el Juzgado de Zamora para investigar al exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora por malversación de caudales públicos. 

La jueza dejó además en libertad con cargos a Alberto Vega, acusado de malversación de caudales públicos, falsedad documental, contrataciones irregulares y blanqueo de dinero, entre otros delitos. Ante las pruebas puestas sobre la mesa por la UDEF y la policía judicial de Zamora, el jefe de Parques y Jardines rehusó prestar declaración asesorado por su letrado y se limitó a contestar solo a sus a preguntas para indicar que no tiene intención de fugarse del país.

La Fiscalía no ha pedido el ingreso en prisión del acusado, aunque sí que se le retire el pasaporte y se le obligue a comparecer los días uno y quince de cada mes y la fianza que estime la juez. Mientras, el Ayuntamiento de Zamora exigía prisión y embargo de bienes por valor de 60.000 euros. 

La investigación determina la existencia supuesta de un entramado empresarial ubicado en Galicia cuyas sociedades eran administradas por una única persona y a las que se le han adjudicado múltiples contratos de servicio de realización de obras y de entrega de suministros que, presuntamente, en unos casos no se han llevado a cabo pero sí han sido remunerados y en otros casos se han realizado sin contratar el personal previsto o con materiales ya adquiridos en otros contratos.

Según las primeras investigaciones, todo ello habría podido suponer un considerable incremento patrimonial no solo de las empresas investigadas sino de los propios imputados, quienes en los últimos años habrían adquirido algunos vehículos de alta gama, los cuales han sido intervenidos en la operación.

Alguna de las empresas adjudicatarias habría hecho entrega de dádivas o retribuciones de alto coste para su utilización con fines particulares, todo ello en el ámbito de las relaciones estrictamente contractuales con la corporación municipal. El perjuicio ocasionado superaría los 80.000 euros, si bien, el mismo podría multiplicarse exponencialmente.