La adjudicación por la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de un contrato a la consultora Iceacsa por valor de 18.000 euros para la redacción del estudio actualizado sobre el impacto ambiental del proyecto del acceso ferroviario al puerto exterior, efectuada el pasado día 26 de marzo, supone un pequeño avance en la tramitación de esta iniciativa por parte del Ministerio de Transportes tras las dudas sobre su puesta en marcha expresadas en los últimos meses. La declaración de impacto ambiental del proyecto fue aprobada en junio de 2017 y en principio caducará en el mismo mes de este año, razón por la cual el ministerio inició ya el proceso para solicitar su prórroga, como avanzó LA OPINIÓN, y evitar que debe abordarse este complejo trámite desde el principio.

La decisión del departamento que dirige José Luis Ábalos de comprobar que los aspectos sobre la previsible repercusión de las obras en el territorio se ajustan a la realidad actual implica que el proyecto sigue adelante y es además una confirmación de lo expresado por el propio ministro tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Xunta el pasado 10 de marzo con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la que manifestó su compromiso de licitar esta actuación, que se considera imprescindible para garantizar la viabilidad del puerto exterior.

“El ministerio va abordar la conexión ferroviaria”, proclamó Ábalos tras entrevistarse con Feijóo en referencia al tren al puerto exterior, del que dijo que se integrará entre los proyectos de su departamento para que los puertos españoles dispongan de las diferentes modalidades de transporte, entre los que consideró que el de A Coruña “no puede ser una excepción”.

Ábalos no dio sin embargo un plazo para que las obras salgan a concurso y sobre su financiación, cuantificada en 140 millones de euros, tan solo apuntó a que el Gobierno estudiará qué fondos europeos podrán solicitarse para costearlas, ya que podrá ser a través de los denominados Next Generation, con los que la UE busca la reactivación económica tras la crisis motivada por el coronavirus, o mediante los que de forma ordinaria proporciona la administración europea.

La reunión, en la que también participaron altos cargos del ministerio y de la Xunta, concluyó no obstante sin avances sobre el problema de la deuda de la Autoridad Portuaria, ya que Ábalos planteó la necesidad de celebrar un nuevo encuentro en A Coruña para abordar todos los problemas relacionados con el puerto en la que también esté presente el Concello. Esa reunión, que finalmente se llevará a cabo el próximo viernes, sucederá a la convocada por el Gobierno local el pasado 23 de febrero y en la que los principales cargos de Transportes llegaron a poner en cuestión la viabilidad del ferrocarril al puerto exterior, ya que exigieron un estudio que justificase su necesidad tras la desaparición del tráfico de carbón.

El Ejecutivo municipal había llegado a esa cita enarbolando la bandera de la condonación de la deuda portuaria que respalda toda la Corporación, pero el ministerio rechazó de plano esa posibilidad y tan solo concedió una moratoria hasta 2035 del pago de las amortizaciones del crédito de 200 millones que Puertos del Estado otorgó a la Autoridad Portuaria, cuyo abono a partir de este año supondría la asfixia de sus cuentas.

El ministerio mantuvo incluso la vigencia de los convenios de 2004 en cuanto a la vía de la financiación de las obras del puerto exterior mediante la venta de los muelles que queden sin uso mientras no se alcance un nuevo acuerdo. Y solo unos días después, el presidente de la Xunta se mostró a favor de reducir la deuda del Puerto mediante la venta de suelo en el muelle de San Diego con destino a la construcción de viviendas, al tiempo que ratificaba su voluntad de mantener como públicos los terrenos de la Batería y Calvo Sotelo. El Gobierno local eludió hasta el momento pronunciarse sobre esta propuesta de Feijóo tanto de forma pública como en la comisión municipal do Bordo Litoral.

Los representantes de las tres administraciones tienen pues ante sí para el día 8 el reto de avanzar en la definición del proyecto del enlace ferroviario de punta Langosteira y de alcanzar un acuerdo sobre la fórmula para resolver el problema financiero de la Autoridad Portuaria.

El derribo de una nave industrial en el muelle del Este dejará espacio para una explanada

La Autoridad Portuaria derribará una nave rectangular del muelle del Este para disponer de superficie para nuevos espacios y usos. Por ello ha licitado por 194.360 euros (sin IVA) el derribo de la instalación, de 77 metros de largo y 26 de ancho. La nave se ha utilizado generalmente para almacenamiento y está rodeada por una acera de un metro de ancho. Los trabajos durarán unas ocho semanas.

El Puerto encargó en 2018 a una consultora de ingeniería medioambiental y arquitectura una inspección de la nave para evaluar su estado. El informe de la empresa determinó que la instalación presentaba cierta degradación por el paso del tiempo, por lo que recomendaba una actuación urgente si en ella se mantenía la actividad. El Puerto decidió demoler la nave y habilitar una explanada en su ubicación.