El caso del edificio que sirvió de sede a Fenosa se cerrará hoy de forma definitiva con la toma de conocimiento por la Junta de Gobierno Local del informe que solicita el archivo del expediente abierto para exigir responsabilidades a los arquitectos de la empresa Fadesa autores del proyecto del inmueble en el año 1997, cuya licencia municipal fue declarada ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del año 2001. Según la Asesoría Jurídica municipal, “los errores u omisiones que pudieran haberse cometido en la redacción de los proyectos que sirvieron de base a la concesión de la licencia no fueron debidos a un grado de culpa o negligencia que sea susceptible de generar obligación resarcitoria”.
El pasado agosto el Concello ya aprobó un decreto mediante el que eximía de estas mismas responsabilidades a los funcionarios municipales y a los concejales que intervinieron en la tramitación y aprobación de esta iniciativa urbanística. Con ambas investigaciones el Concello trataba de averiguar si era posible reclamar compensaciones por los daños económicos sufridos a causa de este conflicto, solucionado en enero de 2019 mediante una mediación cuyo resultado no tiene precedentes en España y en la que se acordó abonar 2,97 millones al autor de la denuncia contra la concesión de la licencia y entre 9.000 y 12.000 euros a cada uno del centenar de propietarios de pisos y locales comerciales.
A esto hay que sumar la construcción de un edificio de viviendas sociales promovido por el Concello, exigencia que fue planteada por el denunciante, el arquitecto Valentín Souto. También se incluyó el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Gobierno local presidido por Francisco Vázquez en la concesión de la licencia urbanística que dio origen a este caso. El acuerdo evitó la demolición del inmueble y el riesgo de que el Concello se enfrentase a un gasto de 60 millones de euros por haber concedido una licencia ilegal. En los informes municipales que avalaban este acuerdo, se advertía de que la ejecución de la demolición, en aplicación de la sentencia, haría peligrar la prestación de algunos servicios municipales e incluso obligaría a subir impuestos.
La puesta en marcha de las investigaciones fue también una de las consecuencias de ese pacto, que incluía la aprobación por el Concello de un Protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas. Ese documento incluye que la Asesoría Jurídica municipal debe estudiar la posibilidad de iniciar una acción de repetición, con la que se exigirían responsabilidades económicas, si la administración municipal debe indemnizar a terceros por la declaración de nulidad de una licencia.
Al haber concluido el pasado noviembre el abono de las compensaciones a los propietarios de las viviendas y locales comerciales por los daños morales sufridos durante el largo conflicto judicial, la directora de Urbanismo solicitó a la Asesoría Jurídica municipal un informe sobre la posibilidad de ejercer la acción de repetición contra los arquitectos de Fadesa.
Los letrados municipales reclamaron el pasado enero al Servicio de Urbanismo que aclarase si las omisiones o deficiente información del proyecto del edificio Fenosa “pueden considerarse dentro de los márgenes normales de precisión en la justificación de la normativa urbanística de aplicación en la redacción de un proyecto técnico”.
Sobre la base de ese informe, que fue entregado el 20 de enero, la Asesoría Jurídica emitió su dictamen, en el que niega la posibilidad de reclamar una compensación a los arquitectos de la promotora.
Para ello se apoya en el informe técnico elaborado en junio de 2020 por el jefe del Servicio de Rehabilitación y Vivienda y de la propuesta de archivo de la exigencia de responsabilidades a políticos y funcionarios que fue aprobada en agosto. Según ambos documentos, las causas de la nulidad de la licencia decretada por la sentencia de 2001 “se debieron a omisiones e inexactitudes en el proyecto básico, no advertidas por los técnicos municipales, y que nunca fue requerida su concreción o subsanación”.
También se cita que el informe que permitió archivar la petición de responsabilidades a los técnicos municipales menciona que estos “limitaron su control a que el proyecto de ejecución se correspondía con el básico, ya que la memoria de aquél señala que es complemento del básico; y que lo ejecutado se correspondía con él”. Otro dato que fue tenido en cuenta fue que el Concello presentó un incidente de inejecución de la sentencia del Superior al entender que el edificio había recibido en 1999 dos nuevas licencias antes del fallo —aunque no fueron consideradas válidas por el órgano judicial— y que en 2000 se le concedió licencia de primera ocupación.
El informe del responsable del Servicio de Rehabilitación y Vivienda también destacó que al concederse la licencia original, los técnicos municipales “no señalaron nada respecto de estas omisiones o deficiencias de información, ni las consideraron coma errores en la documentación presentada que debe motivar un trámite de enmienda y mejora de la solicitud de licencia”.
Estas opiniones llevaron a la Asesoría Jurídica a concluir que “las omisiones y deficiencias estaban dentro de los márgenes normales de precisión en la justificación de la normativa urbanística aplicable en la redacción de un proyecto técnico en la fecha en la que tuvo lugar”, por lo que propuso el archivo del expediente.
Esta decisión pone fin de forma definitiva al caso del antiguo edificio de Fenosa, dos años después del pacto alcanzado con la mediación y veinticuatro desde que se aprobó la licencia que permitió su construcción.
