La Guardia Civil de A Coruña decomisó 176 toneladas de comida almacenadas por la ONG Fundación Amigos de Galicia, al sospechar que no cumplía las normas sanitarias. Una vez analizadas las naves en las que almacenaba los alimentos, los agentes concluyeron que 122 toneladas no podrían ser repartidas entre personas con pocos recursos al estar fuera de la legislación alimentaria y “deterioradas”, según explican en un comunicado, en el que añaden que dos miembros de la entidad están siendo investigados por un delito contra la salud pública. Uno de ellos, el director general de la entidad.
La operación se inició en 2019, a raíz de las inspecciones del área de Agricultura de la Delegación del Gobierno, según informa el comunicado. Es habitual que este departamento realice controles sobre colectivos que reparten comida dentro del Fondo de Ayuda Europeo para las personas desfavorecidas (FEAD), como era el caso de Fundación Amigos de Galicia. El Seprona inició una investigación y trasladó las diligencias policiales a la Fiscalía de Medio Ambiente ya que la entidad, que había sido expulsada del programa con anterioridad, en el año 2016, opera en las cuatro provincias. Se realizaron inspecciones en las cuatro sedes provinciales.
En dichas inspecciones se inmovilizaron 176 toneladas de alimentos del programa, “que la entidad debería haber distribuido en años anteriores a personas desfavorecidas y que había ocultado durante las inspecciones previas del programa por presentar diferentes tipos de irregularidades a las normativas de calidad y de sanidad alimentarias y de gestión de los programas de ayudas”, según la Guardia Civil. Entre estos alimentos, había, sobre todo, aceite y comida enlatada.
El abogado que defiende al director general de la entidad investigada asegura que no se entregaron en ningún caso alimentos caducados a personas con pocos recursos y que la mercancía estaba almacenada para su destrucción, toda vez que se había pasado de fecha. Alega que estos alimentos quedaron paralizados después de que se les prohibiese en 2016 distribuirlos y que, al no haber sido reclamados por el Fondo de Ayuda Europeo para las Personas Desfavorecidas ni devueltos por la entidad, se quedaron apilados en las naves a la espera de su destrucción.
Además de investigar a estas dos personas, se ha cancelado su participación en el programa, aunque la entidad asegura que forma parte de otras iniciativas de reparto de comida y de ayuda a familias con pocos recursos promovidas por agentes locales.
La Guardia Civil estima que los alimentos tienen un valor de mercado de 285.000 euros. Tras revisar la mercancía, determinaron que un 70% estaba deteriorada, lo que supone una pérdida de 122 toneladas de alimentos. El 30% restante —solo latas de atún que todavía no habían caducado— se entregó a otras organizaciones para ser repartido entre personas necesitadas.
La Guardia Civil investiga también el reetiquetado de los alimentos, ya que los agentes tuvieron conocimiento de que la entidad “estaba repartiendo alimentos con el etiquetado modificado y manipulado, tras supuestas alteraciones de las cifras de personas desfavorecidas a las que declaraba atender”, según consta en el comunicado.
El abogado del director general asegura que los cambios en las etiquetas se deben a un tema de organización interna y que no responden a una intención de modificar las fechas de caducidad de los productos para poder repartirlos. El letrado indica también que estos alimentos decomisados ya iban a ser destruidos y que formaban parte de los envíos pertenecientes al programa de 2014 y que no fueron repartidos por la suspensión de su permiso.
