El Concello hace frente de nuevo a la demolición parcial de las dos plantas superiores de un edificio de viviendas de la calle Santo Tomás, 49-51, en el barrio de Monte Alto, con la licitación de las obras para cumplir la sentencia de 2016 que obliga a la restitución de la legalidad del inmueble tras haber anulado su licencia de obra. El presupuesto estimado es de 346.733, con IVA, y la duración es de siete meses, “uno para el apuntalamiento, cinco para la demolición y uno más para el desapuntalamiento”, según el informe, al que deben ajustarse las empresas que opten al contrato. También apunta que, “debido a las características de la obra y las medidas de seguridad a adoptar, será necesario el desalojo de los residentes en el edificio”.
El conflicto urbanístico que afecta a este inmueble de Monte Alto explota en junio de 2016, cuando un juzgado de lo Contencioso-administrativo dictó la demolición de las obras realizadas para ampliar las dos plantas más altas y la instalación de un ascensor, trabajos que amparaba una licencia municipal de 2008 y que otra sentencia judicial de 2012 ordenó anular. El promotor de las obras de ampliación reclamó hace un año y medio una indemnización por responsabilidad patrimonial.
En 2019, el Gobierno local licitó por primera vez la demolición pero no pudo cerrar el proceso y contratar los trabajos, al sufrir un parón porque el inmueble requería actuaciones de consolidación y refuerzo estructural previas a la demolición al haberse detectado daños “generalizados” en su estructura. El consistorio encargó un informe para certificar qué actuaciones previas eran necesarias realizar para seguir adelante o en qué condiciones de seguridad podía licitarse.
El nuevo informe considera “viable proceder con la ejecución de las labores de demolición parcial”, siempre que “se acometan las debidas medidas correctoras, como son el apuntalamiento de la estructura del edificio a preservar”. El proyecto recuerda que los trabajos de reparación no son objeto del estudio requerido, pero sí puntualiza que “en ningún momento” afrontará “el desapuntalamiento del edificio una vez finalizada la demolición parcial hasta que no se proceda a la ejecución de trabajos reparación de la estructura o, en su defecto, sea revisada por un técnico competente que autorice la misma en condiciones de seguridad”. Estas obras se sacaron a concurso hace dos años por 217.000 euros sin IVA y ahora aumenta la cuantía hasta los 286.000 por las medidas de seguridad extra. En los trabajos se perderán plazas de garaje en la zona y, de manera puntual, puede ser necesario cortar el tráfico.
