Cespa trabaja ya en la puesta en marcha del nuevo contrato del servicio de la recogida de la basura, que le fue adjudicado por el Concello por 11,5 millones de euros anuales durante ocho años, pero la última palabra sobre ese concurso aún no está dicha, ya que la Junta de Gobierno Local aprobará mañana el personamiento municipal en los recursos judiciales presentados contra esa adjudicación por parte de dos de los concursantes: la alianza entre Copasa, Geseco y Setec Building y Valoriza Servicios Medioambientales.
Los contenciosos planteados ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no paralizan la asunción del nuevo contrato por parte de Cespa, que era la titular del anterior y siguió prestando el servicio de forma provisional desde 2017 tras su conclusión, ya que tras el pronunciamiento de este órgano judicial aún habrá posibilidad de recurso ante el Supremo. Ambas empresas habían presentado previamente recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, que los desestimó el pasado mes de febrero, lo que dio vía libre a la adjudicación del contrato.
El recurso de la oferta liderada por Copasa aludía a irregularidades que su juicio aparecen en la propuesta técnica de Cespa, de las que considera que dan pie para su exclusión del concurso. Entre ellas figura que esa empresa modificó el horario establecido en la licitación para el servicio de recogida de vidrio puerta a puerta en la zona de máxima concentración hostelera del centro de la ciudad y que también ofertó una parcela para situar sus instalaciones que no cumple las condiciones exigidas por el concurso.
Ese terreno no reúne la condición de solar por carecer de frente a la vía pública, por lo que las edificaciones existentes en el mismo se encuentran fuera de ordenación y no es posible realizar las obras de ampliación de 113,40 metros cuadrados de la marquesina que cubriría las terminales de carga de los camiones de gas natural comprimido.
Para evitar este problema, antes de solicitar la licencia de obras, Cespa tendría que abrir un expediente de normalización de linderos de la parcela, lo que le impediría disponer de las instalaciones en el plazo de seis meses desde la adjudicación del contrato que exige el concurso. Copasa indica además en su recurso que Cespa no ofertó unas instalaciones provisionales que le permitieran iniciar la actividad mientras resuelve este asunto.
En su recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, Valoriza también había calificado de irregular la situación urbanística de esa parcela y también mencionó que Cespa no destinó el 0,5% del presupuesto de su oferta a subcontratos de economía social, como exigía la licitación, ya que en su propuesta figura que no está prevista la subcontratación de ninguna actividad.
Otro de los argumentos de Valoriza era que Cespa no aportó datos sobre las emisiones de ruidos de los vehículos que usará en la recogida, como se exigía el concurso, aunque el Tribunal de Contratación rebatió todas estas cuestiones con el apoyo de las alegaciones presentadas por la adjudicataria.
La oposición exige visitar la planta de residuos
La situación que atraviesa la planta tratamiento de residuos de Nostián, cuyos trabajadores denuncian graves deficiencias de funcionamiento, llevó a todos los grupos de la oposición municipal a reclamar ayer de forma conjunta al Gobierno local la realización de una visita a las instalaciones para comprobar cuál es su estado. Los empleados alertan del riesgo que supone la avería de uno de los biodigestores de materia orgánica, ya que eso aumenta el volumen de los rechazos, y que la empresa Albada no lleva a cabo el mantenimiento de la planta al haber concluido el 31 de diciembre de 2019 su contrato. En esa fecha el Concello se hizo cargo de la gestión del complejo hasta que en agosto de 2020 Albada la recuperó hasta que se adjudique el nuevo contrato.
El PP destacó ayer que por este motivo cada año se pagan a la empresa más de 6 millones “mediante facturas irregulares con reparo suspensivo del interventor municipal” y que el Gobierno local no ha sido capaz de licitar el nuevo contrato, lo que los socialistas justifican por la necesidad de adaptar los pliegos del concurso a las nuevas exigencias europeas. Esto hará que no se expongan al público antes de 13 meses, por lo que el contrato no se adjudicará antes de 2023. Marea Atlántica aseguró ayer sin embargo que la documentación para licitar el contrato estaba lista cuando concluyó su mandato municipal, mientras que el BNG expresó su temor a que se llegue a una “situación límite que lleve al Gobierno local a presentar la incorporación a Sogama como única alternativa”.
