El martes y el jueves habrá reunión entre los representantes de los trabajadores de las factorías de Repsol en A Coruña y Puertollano y la empresa para negociar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que la petrolera ha presentado para estas dos centrales y que afectan a 830 empleados, de los que 212 trabajan en A Coruña. Sobre la mesa, según explicó ayer el secretario del comité, Yago Pazos, está “la retirada” del ERTE, ya que, “por ahora”, no están hablando de mejorar las condiciones ni de suavizar las medidas de este expediente de regulación de empleo, sino de que la empresa dé marcha atrás.
El jueves se acabará el plazo para la negociación y, según comentó ayer Pazos, la empresa reservó la fecha del 30 de abril, la del día siguiente a la finalización del periodo de negociación para una eventual “reunión urgente”, si fuese necesaria.
Los trabajadores de la factoría —con la presencia de compañeros de Puertollano (Ciudad Real)— se movilizaron ayer, desde la plaza de A Palloza a María Pita, para llevar el conflicto “más allá de la refinería” y para visibilizar su situación. La Policía Local y la Nacional aseguraron ayer que, en la plaza, se habían reunido unas 700 personas, aunque la convocatoria fue secundada por más, ya que no todas las que hicieron partes del recorrido llegaron hasta el final. A la manifestación acudieron el líder de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, acompañado de la concejala en el Concello de A Coruña no adscrita y militante de Unidas Podemos, Isabel Faraldo; la diputada del Parlamento gallego del BNG Mercedes Queixas; el vicesecretario del PSdeG, Pablo Arangüena; los ediles del PP Roberto Rodríguez y Esperanza Peñalosa; los concejales del BNG Francisco Jorquera y Avia Veira y el edil de Marea Atlántica Alberto Lema, que mostraron su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de Repsol.
Esta manifestación —en la que los organizadores se afanaron en que se cumpliesen las medidas sanitarias de distancia de seguridad entre los participantes— y que contó con un zancudo, se produce en el ecuador de las negociaciones, ya que se han celebrado dos reuniones entre la comisión negociadora y la empresa y quedan otras dos por delante. “No entendemos las causas productivas que se nos presentaron ni las compartimos y, por lo tanto, no estamos negociando ninguna salida propuesta por la empresa, simplemente rechazamos que se ponga en marcha”, comentó ayer Pazos.
Durante la manifestación, los trabajadores lanzaron consignas no solo en contra de la reducción de los empleos sino también a favor de que la empresa realice inversiones para garantizar “una transición energética y un futuro estable” para la refinería.
A preguntas de este diario, el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino aseguró que, “todo lo que le dio A Coruña a Repsol durante todos estos años, Repsol se lo tiene que devolver a la ciudad” y denunció que, “por una razón coyuntural y de mercado”, la empresa no puede “dejar fuera de la línea de trabajo al 30% de la plantilla”. Faraldo aseguró que la ciudad “ni puede ni debe permitir” esta situación que la deja “despoblada de industria” y anunció que llevará a Pleno este asunto en su próxima sesión, el 6 de mayo.
El portavoz de los socialistas gallegos, Pablo Arangüena, profundizó en que Repsol “tuvo más de 300 millones de beneficio neto en 2020, precisamente el año de mayores restricciones a causa de la pandemia”, por lo que considera que el ERTE es “difícilmente justificable”.
El diputado por el BNG en el Parlamento gallego Ramón Fernández, defenderá esta semana una iniciativa en O Hórreo para instar a la Xunta “a que mueva todo lo que tenga que mover para que Repsol retire el ERTE y realice inversiones para garantizar la transición energética justa”.
“Estamos ante una medida inédita en un grupo como Repsol y puede ser la avanzadilla de otras medidas con carácter definitivo”, relató Fernández, que afeó a las grandes empresas que, “con la excusa de la pandemia”, apliquen medidas de destrucción de empleo. “No sabemos si es algún tipo de chantaje y quieren usar a los trabajadores para conseguir más prebendas de los fondos europeos, en todo caso no parece que se hayan sentado a la mesa de buena fe, que es lo que se supone que se hace en una negociación”, relató Fernández. En la misma línea, Mercedes Queixas denunció, además el “silencio” de la Consellería de Industria.
El concejal de Marea Atlántica Alberto Lema consideró ayer que la figura del ERTE ha de “desterrarse de la legislación laboral por ser abusiva”, sobre todo, cuando la pueden aplicar empresas que han tenido más de 300 millones de euros de beneficios en el anterior ejercicio. Lema enmarcó también la presentación de este expediente de regulación en un proceso para “presionar a los trabajadores” y para “recortarles sus derechos en la negociación del convenio marco y también para conseguir más inversiones por parte del Estado”.
“Nosotros pensamos que, siendo como es una empresa rentable, tiene que hacer ella las inversiones”, relató Lema, toda vez que la refinería de A Coruña es “la última del Estado” en adaptación a las normativas de transición energética.
