La Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta ha pedido explicaciones por las obras del Cantón y la avenida de la Marina, que suponen la reducción a dos carriles para ganar espacio para peatones y bicicletas, por no contar con su autorización. Según fuentes autonómicas, las obras han de suspenderse temporalmente hasta contar con su visto bueno pero fuentes municipales replican que el Concello no considera paralizada la obra ya que la Xunta no tiene competencias para ello porque son de “mantenimiento”. Los trabajadores se retiraron a mediodía pero las máquinas, que ayer ya eliminaron parte de la mediana, siguieron con tareas en horario vespertino.
“Las obras no deben continuar” en tanto no se dé el cumplimiento al requerimiento de informar “sobre el alcance de las obras con el objeto de poder concluir sobre la correcta tramitación del proyecto”, asegura el organismo autonómico en el escrito enviado en la mañana de ayer al Concello. Patrimonio apunta que se “están ejecutando” actuaciones de “reordenación en la zona centro de la ciudad, Cantones y avenida de la Marina, que parecen ser previas a una remodelación general” y, como desconoce “cuál va ser el alcance final” de las mismas y asegura que al ser ámbito Pepri debe “autorizarlas”, da cinco días de plazo para que le sea notificado y detallado el proyecto.
La jefa del Servicio de Patrimonio del Concello, por su parte, remitió un escrito de contestación en el que justificó que los trabajos se ciñen “a obras de mantenimiento de la vía pública” y se hacen dentro del contrato de mantenimiento de calzadas con “escasa entidad técnica y constructiva”. “Se trata de organizar la ampliación de la zona de tránsito peatonal de manera provisional”, señala la respuesta, para facilitar “la distancia interpersonal recomendada por las autoridades sanitarias”.
La réplica de Urbanismo añade que no hay ningún proyecto de ejecución del que informar y que no se modifican los pavimentos existentes, aunque sí cambiará de color la zona peatonal “por razones de accesibilidad y mejor identificación de las personas usuarias”. Concluye que la obra es diferente a la remodelación integral prevista en el entorno, de la que ya ha sido informada la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con la entrega de los estudios previos.
Enfrentamiento institucional
La orden de la Dirección Xeral de Patrimonio causó revuelo y estupor en el Gobierno municipal. El conflicto llega un día después de que la alcaldesa rechazase el plan de la Xunta para la compra de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, decisión duramente criticada desde el Gobierno gallego y la Autoridad Portuaria. El consejero técnico de Urbanismo y miembro de la candidatura del PSOE en las municipales, Fran Díaz, se cuestionaba ayer si la comunicación de Patrimonio tiene algo que ver con el reciente enfrentamiento institucional: “Quiero creer que es casualidad después de que ayer la alcaldesa se opusiese a que la Xunta compre el puerto y defendiese que el puerto es de los coruñeses. Quiero creerlo...”.
