Dos sentencias del séptimo y décimo Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo han fallado en contra de la Autoridad Portuaria de A Coruña, estimando que debe facilitar a dos ciudadanos información acerca de sus actividades que hasta ahora se negaban a proporcionar, y que enlazan con presuntas irregularidades relacionadas con el puerto exterior de punta Langosteira. Las sentencias, que admiten alegaciones, se suman a una tercera emitida por el Tribunal Supremo, esta sí firme, en la que el alto tribunal obligó a la Autoridad Portuaria a facilitar sus actas a un interesado después de un proceso judicial.

En el caso de los dos fallos emitidos por los Juzgados Centrales, el proceso se inició cuando dos particulares solicitaron información amparándose en la normativa de transparencia y fueron rechazados en procesos independientes entre sí. Un peticionario es el exconcejal José Antonio Sánchez Penas, que demandó al ex presidente del Puerto, Enrique Losada, por presuntas irregularidades en el pago de facturas relacionadas con el Puerto Exterior entre 2008 y 2011. La responsabilidad de Losada solo alcanza hasta 2009, cuando asumió la presidencia, y Losada ha considerado contra él que las acusaciones son “injustas”. Más tarde la Fiscalía del Tribunal de Cuentas amplió la demanda contra el director de Infraestructuras del Puerto, Fernando Noya.

Sánchez Penas solicitó a la Autoridad Portuaria un dictamen de la Inspección General del Ministerio, del 23 de junio de 2009, sobre la modificación primera del contrato de obras del Puerto Exterior, así como el informe de la Abogacía del Estado sobre este documento, y el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público encargado de velar por la transparencia de las instituciones, determinó en marzo de 2020 que la Autoridad Portuaria debía entregar la documentación, pero esta acudió a los tribunales para negarse presentando varios argumentos jurídicos, como la indefensión y la falta de justificación de un interés superior para proporcionar los textos. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 desestimó las alegaciones.

En el otro procedimiento, un ciudadano presentó una petición de información en 2019 para saber si la empresa Dragados, en representación de la UTE Langosteira (la empresa encargada del Puerto Exterior y compuesta por Sacyr y Puentes y Calzadas) explotó áridos de las canteras de Langosteira “sin la autorización para la apertura de las canteras y con el presunto conocimiento y permisividad de esa Presidencia”. Estos áridos se habrían utilizado “presuntamente” como parte de unos cajones destinados al puerto de Aberdeen, en Escocia. Más tarde, en 2020, el interesado solicitó información relacionada con la construcción del pantalán de Repsol en Langosteira.

Sus peticiones fueron dejadas sin responder por la Autoridad Portuaria, pero aceptadas por el Consejo de Transparencia. El Puerto se opuso en los tribunales, si bien el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 desestima sus argumentos y falla que debe suministrar la documentación.

Pleito por las actas

La sentencia del Supremo, conocida el pasado mes de marzo, viene de otra denegación de información que también se produjo durante la presidencia de Enrique Losada, sustituido en diciembre de 2020 por Martín Fernández Prado. En este caso, un ciudadano pidió las actas del de los consejos de administración de la Autoridad Portuaria entre los años 2015 y 2018.

Al igual que en los casos anteriores, Transparencia asumió la petición y un Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo le dio la razón en junio de 2019. La Autoridad Portuaria recurrió la Audiencia Nacional, que falló en su favor, pero finalmente el Tribunal Supremo sentenció que los documentos debían suministrarse, si bien expurgando detalles confidenciales. Marea Atlántica ha manifestado que pedirá ante Transparencia las actas del Puerto desde junio de 2019.