El colectivo Proxecto Cárcere expuso ayer sus consideraciones sobre la contratación, por parte del Concello, de una consultora designada para elaborar un informe que propone que el edificio se destine fundamentalmente a “un polo de creación y gestión audiovisual”, que incluya, además, aspectos dedicados a memoria histórica, interpretación de la Torre y espacios vecinales.

El colectivo lamenta que este movimiento se haya realizado sin contar con la asociación, centrada, desde hace diez años, “en asegurar la pervivencia de la cárcel” y en hacerlo “de forma que toda persona que lo desee pueda implicarse en cómo darle vida al edificio”, que trabajó durante años para canalizar “las diferentes necesidades y propuestas”. Tampoco se tuvo en cuenta, aseguran, la labor de la asociación de vecinos del barrio, “que en diversas ocasiones manifestó su preocupación por el estado del edificio”. El colectivo incide en que, si el edificio se quiere destinar a usos culturales, existen “múltiples asociaciones, colectivos y profesionales” que trabajan tanto en el barrio como en el resto de la ciudad.

“Proxecto Cárcere se enteró de esta iniciativa por la prensa, imaginamos que en el caso de la asociación de vecinos fue igual, y dudamos de que se consultase al sector cultural”, declararon. La asociación califica de “error y atraso” que el Concello “decida actuar en solitario” y sin ofrecer apenas información, especialmente, destacan, teniendo en cuenta los antecedentes y los colectivos implicados en el proceso de recuperación de la cárcel, “tremendamente útil y enriquecedor”, a pesar de haber sido objeto de “múltiples obstáculos” a lo largo de los años.

“El Concello de A Coruña, como probablemente los del resto del país, deberán asumir que las políticas de participación no pueden ser mera apariencia, y que las personas tenemos derecho a ser activas en el día a día de nuestros municipios”, apostillan. El colectivo recuerda que, si el presupuesto con el que se tiene pensado acometer las obras de rehabilitación proviene de fondos europeos, la Unión Europea dispone de programas de participación ciudadana a los que se pueden presentar proyectos. Proxecto Cárcere solicitó vía registro más datos sobre el trabajo de consultoría contratado, al que el Concello destinó 18.000 euros.

El Concello arroja una cifra sobre el coste de rehabilitación del edificio —en torno a los 30 millones de euros— que Proxecto Cárcere califica de “alta”, y, aseguran, “nunca se explica en base a qué se calcula, qué trabajos e informes hay que la avalen ni qué cubriría”. El colectivo defiende que cualquier labor de rehabilitación debe atender a criterios “de sostenibilidad ambiental y económica” y debe respetar y mantener “el carácter y la singularidad del edificio”.

Proxecto Cárcere demanda que, de destinarse alguna partida de fondos europeos a la recuperación de la prisión, esto se haga con el “máximo rigor” e insisten en que, de haber cumplido las administraciones implicadas “con sus responsabilidades de mantenimiento”, la potencial rehabilitación sería más sencilla y menos costosa. “También sería más sencillo y menos costoso que, una vez la cárcel dejó de funcionar, se le permitiese su uso a la vecindad”.