Más de sesenta entidades han mostrado ya su apoyo a la manifestación convocada por la Comisión en Defensa do Común este domingo con el objetivo de conseguir que los muelles interiores no sean vendidos cuando sean desafectados de su uso portuario y que la ciudad pueda decidir sobre su futuro y sobre qué fachada marítima quiere tener. La manifestación saldrá a las 12.00 horas desde la plaza de A Palloza y terminará en María Pita, con la lectura de un manifiesto en favor de que los muelles interiores sean de titularidad pública y sus usos, públicos.

Como ya lo hiciera en 2017, convoca esta manifestación con el objetivo de revertir la hoja de ruta que la Xunta propone para los terrenos portuarios, que tienen como objetivo vender San Diego para construir viviendas y poder, de este modo, financiar la deuda de la Autoridad Portuaria por la construcción del puerto exterior.

La Comisión en Defensa do Común —y todas las entidades que la apoyan— considera que hay alternativas posibles a ese futuro que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esbozó en la ciudad, con Batería y Calvo Sotelo públicos en detrimento de San Diego, que sería pasto de la construcción. Esas alternativas pasan, por ejemplo, por que sean las arcas estatales las que se hagan cargo de la deuda de la Autoridad Portuaria, toda vez que la dársena de Langosteira fue construida con el apellido de “interés general”.

El responsable de comunicación de la comisión, Ricardo Vales, destaca que, para la ciudad, sería una buena noticia que, tal y como pasó en 2017, la manifestación contase con la participación de los miembros del Gobierno local y, por supuesto, de la alcaldesa, Inés Rey, ya que es la que tiene la posibilidad de intentar convertir en hechos la voluntad de los vecinos. En 2017, el entonces alcalde, Xulio Ferreiro, publicó un bando para animar a la ciudadanía a participar en una manifestación en la que se reunieron unas 7.000 personas.

La alcaldesa, que ha rechazado con contundencia la propuesta de la Xunta para los muelles, asegura que el Gobierno local “respeta” a los vecinos que se quieran manifestar. “Somos absolutamente respetuosos con esta y con todas las manifestaciones”, refirió Inés Rey ayer, que defendió que su Ejecutivo está “trabajando en las soluciones financieras a la deuda de la Autoridad Portuaria, en la conexión ferroviaria y en la redacción de los protocolos que sustituyen a los convenios de 2004”.

Entre los colectivos que participarán en la manifestación hay partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, vecinales, ecologistas y sociales. La presidenta de la asociación vecinal de Eirís, Mónica Díaz, y miembro también de la Plataforma de Afectadas pola Ampliación do Chuac —ambas entidades acudirán a la manifestación— indica que, en su caso, el apoyo no viene solo por su defensa de que los terrenos han de ser públicos y tener usos públicos y de que “no se haga lo de siempre: beneficiar a unos pocos” sino que defiende que los muelles interiores son un sitio mejor para la construcción de un nuevo hospital, una solución que ayudaría a salvar las aproximadamente medio centenar de viviendas que están condenadas a la expropiación por las obras de la ampliación del Chuac.

Díaz asegura que el nuevo hospital estaría, de este modo, mejor comunicado, ya que quedaría cerca de la intermodal, tendría mejores vistas para los enfermos que el proyecto que se pretende realizar al lado del edificio ya existente y que, además, contaría con mucho más espacio si fuese necesario que las instalaciones creciesen en el futuro.

Para la presidenta de la asociación Alexandre Bóveda, María Xosé Bravo, es importante también que la ciudad aproveche la oportunidad de “recuperar su relación con el mar”, con esos muelles de los que “partían los barcos hacia América” y que son también un lugar para la memoria. Bravo defiende, además, que el puerto exterior fue una obra que decidió hacer el Estado, por lo que deberían ser sus arcas quienes se hiciesen cargo de su financiación y no la Autoridad Portuaria, a través de la venta de los muelles interiores. Apunta, además, a que hay métodos similares a los de la condonación de la deuda que el Estado aplicó en Valencia y que serían factibles en A Coruña. La asociación Alexandre Bóveda, que forma parte de la Comisión en Defensa do Común, defiende, además, que hay muchas posibilidades de futuro para estos muelles interiores, más allá de su venta, como que se mantengan actividades relacionadas con el mar que fomenten la economía azul y que sean compatibles con usos públicos.

En la misma línea está la Cofradía de Pescadores, que debatió en su Junta General si debería participar en esta manifestación y acordó que sí, porque, según explica Manuel Baldomir, miembro de la entidad, entienden que, “tal y como se perdonó la deuda en otras ciudades podría hacerse en A Coruña”. Destaca, además, la importancia de que los terrenos sean públicos para que puedan “convivir” la actividad de las familias que viven del mar con la posibilidad de que esos terrenos se conviertan en un lugar de disfrute para la ciudadanía, con zonas verdes y con espacios para su esparcimiento.

Así lo reivindicó también ayer la líder del BNG, Ana Pontón, con un acto público en O Parrote, en el que animó a los vecinos a no quedarse en casa el domingo. También Marea Atlántica, que insta a “frenar la especulación” con los terrenos de la fachada marítima y a poder decidir sobre el futuro de la ciudad.