La ampliación e instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Eirís, que debía haber comenzado el pasado febrero, está paralizada desde entonces por la negativa de una vecina del núcleo de Lamadosa al cierre temporal durante las obras de un camino del que asegura que una parte es de su propiedad. Para tratar de salvar este problema, el Concello negocia con ella con el fin de conseguir su autorización, pero también prevé solicitar a la Dirección Xeral de Patrimonio la utilización provisional de una parcela municipal como vial.

Fuentes del Gobierno local señalan que la solución a este retraso en el proyecto estará lista en el plazo máximo de un mes, aunque al estar la obra programada para su realización en ocho meses, no estará terminada para el inicio de la próxima temporada futbolística. La empresa adjudicataria de las obras las había iniciado en febrero, pero debió pararlas ante la imposibilidad de usar maquinaria pesada sin ocupar parte del camino que llega a Lamadosa.

La reforma del campo fue adjudicada en octubre del año pasado, pero para el comienzo de los trabajos hubo que esperar a la presentación de un proyecto arqueológico por la existencia en el entorno de un pozo de origen romano.

Patrimonio autorizó a finales de enero ese documento, lo que daba vía libre a las obras, en las que además de ampliar el terreno de juego hasta que alcance las dimensiones reglamentarias de forma que acoja competiciones oficiales, también está prevista la instalación de hierba artificial y la construcción de gradas y vestuarios. El presupuesto de los trabajos es de un millón de euros, cantidad que aportará Estrella Galicia, que acordó con el Concello financiar esta actuación como parte de la operación que le permitió adquirir el campo de Agrela 2 para ampliar su fábrica.

Las prospecciones realizadas en la zona del campo de Eirís en 2017 ante la sospecha de la existencia de restos arqueológicos permitieron descubrir un pozo de la era romana con restos de conchas y cerámica que Patrimonio ordenó proteger, lo que demoró el proyecto, que el Gobierno local de Marea Atlántica intentó iniciar en los primeros meses de 2019. Tras las elecciones, el Ejecutivo socialista continuó las gestiones y, cuando ya se habían obtenido los permisos necesarios por parte de la administración autonómica, surgió el problema con la vecina de Lamadosa que rechaza que se ocupe el tramo del camino del que reclama su propiedad.