Dos expresidentes del Puerto coruñés y ex altos cargos técnicos de la entidad, todos relacionados con el desarrollo de punta Langosteira, declararon ayer en el primer día del juicio contable que trata de determinar si hubo un “menoscabo patrimonial” por presuntas irregularidades en un contrato de supervisión de los trabajos de la dársena exterior. Las testificales finalizarán mañana y el lunes están previstas las conclusiones, aunque se podrían adelantar.
El contrato fiscalizado se rubricó durante el mandato de Macario Fernández-Alonso, presidente elegido por el PSOE, y prosiguió con Enrique Losada, nombrado por el PP, contra quien se dirige el procedimiento en Cuentas por haber prescrito los pagos de la administración portuaria anterior. El primero, llamado a declarar como testigo por la defensa de su sucesor, así como otros cargos de su administración, ha defendido la necesidad de la ampliación de la concesión que generó las facturas que Cuentas considera irregulares. En cuanto a Losada, su defensa se basa en que fue un hecho heredado del que nadie le advirtió.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que él y un alto funcionario deben ser condenados a devolver 544.000 euros por facturas que, supuestamente, nunca debieron ser abonadas. Pero para que sea penado debe, según marca la ley, demostrarse que existió “dolo, culpa o negligencia grave”.
El caso parte de una fiscalización de oficio por parte del Tribunal de Cuentas de la gestión de las obras de punta Langosteira durante tres años, de 2012 a 2014. La instrucción del expediente constató que los trabajos fueron dirigidos directamente por la Autoridad Portuaria a través de su director de Infraestructuras entre 2005 y 2007. En este último año, y según confirmaron ayer testigos en el juicio, surgieron una serie de necesidades en los trabajos de la infraestructura —que a la postre acumularía un sobrecoste que duplicó el precio de ejecución—. Por ello, añadieron, se decidió ampliar un contrato por 1,1 millones de euros a la UTE Langosteira Supervisión para la dirección sobre el terreno de la obra. El tribunal considera que en realidad no se produjo una modificación del contrato, sino que se elaboró “uno nuevo y distinto”.
Así lo entiende la acusación particular, a la que se adhirió la Fiscalía de Cuentas. La representación del denunciante, el exconcejal socialista José Manuel Sánchez Penas, destaca cómo la Autoridad Portuaria decide ampliar un contrato en lugar de, bien incorporar como personal propio al nuevo supervisor, bien iniciar un concurso público. Así, se impidió la concurrencia competitiva, indica el abogado Xoán Antón Pérez Lema, que subraya además la sustancial diferencia entre el salario del ingeniero al que encomendó la UTE la tarea de dirección de la obra tras ampliar la concesión y el pago que el Puerto le hacía a la UTE por ello.
Para justificar la necesidad de cambiar el contrato, el Puerto argumentó que en 2007 comenzaría la construcción del dique principal de Langosteira y que era preciso “contar con un director de obra dependiente de la Subdirección General de Infraestructura, con dedicación exclusiva a la obra”. A esto añadía que en la Autoridad Portuaria no existía “ningún puesto para este cometido”.
Desde abril de 2007, fecha en la que se formalizó el contrato, hasta diciembre de ese mismo año, en las certificaciones de obra del proyecto de Langosteira apareció como director el ingeniero Enrique García Ferro, perteneciente a Langosteira Supervisión y que también acudió como testigo. Pero en enero de 2008 volvió a figurar como responsable de la obra el director de Infraestructuras del Puerto, el codemandado, aunque los pagos a la empresa que tenía contratado a García Ferro, continuaron hasta el final de los trabajos, ya durante el mandato de Losada.
La razón de que volviera a asumir esa función se debió a que “aparecieron críticas en la prensa local sobre la contratación externa del director de obra”, recoge el informe de fiscalización en referencia a las informaciones publicadas por LA OPINIÓN desde el 7 de enero de 2007 y que suscitaron una intensa polémica.
