El Concello proyecta la expropiación de la cetárea Inmare, denominada antes Otamar y enclavada en la zona de San Roque, con el fin de integrar la finca en el paseo marítimo. El pleno municipal del próximo jueves aprobará la modificación del plan general que reduce a solo 20 metros la zona de servidumbre de costas y la excluye del área de protección ambiental-costera, de acuerdo con el recurso que había presentado la empresa. Pero la normativa urbanística mantendrá su calificación como espacio libre público al rechazar la pretensión de que mantuviera la de suelo urbano consolidado que tenía antes de 2013.
El plan general de ese año no preveía sin embargo la obtención de ese terreno, de 2.611 metros cuadrados, que se introducirá ahora en el documento. El Gobierno local eludió ayer comentar sus intenciones acerca de esta iniciativa, que afectará a una parcela en la que existe una cetárea desde 1945 que pertenece desde 1975 a Otamar, que amplió las instalaciones originales y continúa la cría y comercialización de mariscos. La compañía indicó ayer a este periódico que el Concello no se puso en contacto con ella con vistas a la expropiación de la finca.
El pleno del jueves desestimará además el recurso de reposición presentado por la empresa Miramar Castrillón contra la suspensión temporal de licencias en el polígono formado por un patio de manzana existente entre la avenida da Concordia y las calles Miramar Castrillón y Fariña Ferreño. Esa medida fue adoptada por el Concello en mayo con el objetivo de estudiar si el aparcamiento subterráneo con cubierta ajardinada que el plan general propone para esa parcela es la actuación más conveniente, ya que el Gobierno local se decanta por convertirla en un espacio libre o zona verde.
Sin contestación
Miramar Castrillón recurrió porque el plan general califica la parcela que posee en ese polígono como espacio libre público y, cinco años después de la aprobación del documento, solicitó que fuera expropiada por el Concello por la vía del ministerio de la ley, aunque no recibió contestación. Dos años después reclamó que se considerase abierto el expediente de expropiación y valoró la finca en 5,2 millones. Cuando iba a concluir el plazo de tres meses para responder, el Gobierno local invitó a la empresa a negociar, y, tras rechazarlo, optó por suspender la concesión de licencias en ese polígono. La desestimación del recurso de Miramar Castrillón hace prever que llevará ahora este asunto ante los tribunales.
