La Autoridad Portuaria digiere desde los últimos meses con preocupación la conflictiva situación de Alu Ibérica, intervenida judicialmente por indicios de saqueo en las fábricas de A Coruña y Avilés tras la venta de las antiguas plantas de Alcoa a Capital Parter primero y a su actual propietario después, Grupo Industrial Riesgo. La inquietud del Puerto es tal que peligra la concesión por un periodo de 35 años que tiene la empresa con la entidad coruñesa. Sobre la mesa de los asuntos portuarios inmediatos está, de hecho, el análisis de dicha concesión debido a la situación judicial por la que pasa Alu Ibérica. El panorama actual no es nada alentador.
Prueba de esa incertidumbre es la paralización de las obras de la compañía en las instalaciones de punta Langosteira, sin avanzar desde hace meses en la que habría de ser su terminal operativa, según apuntan fuentes portuarias. En octubre del año pasado Alu Ibérica anunció el traslado de sus operaciones logísticas desde el puerto interior de la ciudad a la dársena exterior. En aquel momento, añadía, comenzaban las obras de remediación en el muelle de la Batería, trabajos en las que se iba a coordinar con la dirección de la Autoridad Portuaria.
Alu Ibérica resaltaba entonces que “avanza en la implantación de un ambicioso plan industrial para la planta coruñesa”. Además de ese traslado, el proyecto comprendía la transformación de la planta al gas natural, una operación valorada en 1,3 millones de euros, con lo que la factoría reduciría gastos y ganaría “en eficiencia y competitividad”. “Todo ello está alineado con la estrategia de la nueva dirección para completar la transición hacia la producción de aluminio verde circular”, añadía en un comunicado. Un mes más tarde la empresa comenzó también a desmontar los depósitos de alúmina que poseía en el muelle de la Batería, en el centro de la ciudad.
El Puerto de A Coruña no es el único que ha seguido con preocupación los problemas judiciales de Alu Ibérica. La Autoridad Portuaria de Avilés ha iniciado esta semana el proceso de desahucio de la compañía de sus instalaciones con la apertura del expediente de caducidad de la concesión. La entidad asturiana acumula impagos de los gestores de Alu Ibérica por valor de más de 400.000 euros (todo el año 2020 y lo que va de 2021).
El expediente abierto es un trámite obligatorio por el que el Puerto de Avilés comunica a su acreedor la deuda contraída. Si el endeudamiento no es subsanado, la concesionaria deberá abandonar las instalaciones portuarias. Riesgo ha declarado a la juez de la Audiencia Nacional que no tiene problemas de solvencia y que no carga con ningún tipo de deuda.
La Audiencia ordenó a comienzos de mayo la intervención judicial de Alu Ibérica tras aceptar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción ante los indicios de que tanto Parter como Riesgo habían estado descapitalizando la compañía. Los técnicos de Intervención General del Estado tomaron el control dos semanas después, y una antes del comienzo del juicio por el que se investiga a Alcoa, Parter y Riesgo por la supuesta estafa en el proceso de venta de la antigua fábrica de aluminio de A Coruña, como ha demandado el comité de empresa de la planta.
El mes pasado la sala de lo Social de la Audiencia dio la razón a los empleados en una sentencia que recoge como hecho probado que “Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores” y cifra en unos 65 millones de euros los desembolsos realizados por la multinacional desde julio de 2019. Los representantes legales del Grupo Riesgo reconocieron esta semana ante la instructora que la entidad se hizo con las fábricas gallega y asturiana gracias a un préstamo de 13 millones que recibió de manos de Parter Capital Group. Este préstamo procedía, presuntamente, de las cuentas de las fábricas.
La juez decide en días el futuro de las fábricas
La juez de la Audiencia Nacional que se encarga del caso de las fábricas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés decidirá en los próximos días si pasa de la intervención judicial, que implica el control de las plantas, a la administración judicial, que supone la retirada de los actuales gestores. Grupo Riesgo presentó el miércoles varios informes con sus alegaciones en contra de esta medida, negó las “meras sospechas” de saqueo y aseguró que la situación financiera de las fábricas “mejoró” desde 2018. El presidente del comité de empresa de la planta de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, urgió ayer a la juez a dictar la administración judicial y demanda “implicación” a la ministra de Industria, Reyes Maroto.
La Xunta urge al Estado salidas “contundentes”
El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Francisco Conde, pidió ayer al Gobierno central que convoque de manera urgente la mesa industrial de Alu Ibérica para desbloquear de una vez la situación por la que atraviesan las plantas de A Coruña y Avilés. “Estamos en una situación de desamparo, desprotegidos por un Gobierno que en este momento está ausente y lamentablemente aún no convocó la mesa industrial. Los trabajadores no se merecen esta situación”, dijo Conde, que reclamó “soluciones contundentes” tras una reunión con el comité de empresa de Alu Ibérica.
